México atraviesa un contexto de violencia del que nadie queda exento. Es en ese entramado desde el cual las mujeres mexicanas buscan seguridad y justicia. En todo el país, desde hace años, hacen falta políticas públicas que vayan más allá de castigar a los culpables: cosa necesaria pero no exclusiva para atender el problema, pues también es indispensable la prevención de la violencia. Hay que ir más allá del tema penal. Lo que hemos visto de las políticas publicas implementadas es que se han evaluado poco. Las cifras de violencia no han disminuido. Si bien las administraciones federal y local heredaron una situación sumamente complicada, es necesaria la evaluación de lo que funciona y lo que no.
El movimiento feminista mexicano vive un nuevo momento, tanto en relación con el Estado, como al interior del movimiento, desde donde emerge la diamantina como símbolo de protesta ante la violencia que enfrentan las mujeres. Detengámonos en los casos de violaciones a menores de edad por parte de elementos policiacos, que fue lo que detonó las protestas más recientes, porque las calles son y serán patrulladas por la guardia nacional y los militares. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 reveló que, previo al arresto, las autoridades violentaron sexualmente a las mujeres, más de 300 mil por agentes de seguridad o policía y más de 70 mil por parte de militares o marinos. El caso de Atenco es emblemático, pero en el país existen otros casos parecidos que deberían despertar la misma indignación en la ciudadanía.
El diseño de la seguridad pública no parece ir de la mano de las secretarías de las mujeres. Ante la ausencia de una estrategia las mujeres no solo están enojadas, sino que tienen miedo pues estas autoridades no las hacen sentir seguras. Al contrario. Lo que vemos en estos días recientes es grave, pues los agresores son quienes se supone que deben cuidar a las ciudadanas.
La denuncia contra policías en Azcapozalco por la violación de una menor detonó protestas en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX). Destacó el uso de diamantina contra Jesus Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana. El gesto hubiera quedado en lo anecdótico si el secretario no se hubiera resguardado en el edificio.
La protesta continuó y la respuesta de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y de la procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, fue amenazar con abrir carpetas de investigación por la vandalización de las instalaciones y la agresión al funcionario. Por otro lado, organizaron una mesa con feministas activistas, funcionarias y legisladoras, ninguna de las cuales había convocado a la protesta. La respuesta, particularmente de las jóvenes feministas, fue de rechazo a estos gestos de criminalización de la protesta y lavado de la imagen pública de la jefa de Gobierno.
No desconocemos los esfuerzos por parte del Estado por hacer algo diferente. Sin embargo, lo sucedido nos remonta a las viejas formas. ¿Cómo ganar la confianza de las mujeres? La manera de comunicarse con ellas, con las juventudes feministas, el manejo del caso de la menor, no ha sido la mejor. En relación al caso de la menor, no sólo se filtraron sus datos personales, sino que también se dio acceso a los medios a los videos para desvirtuar la versión de la víctima. Además se anunció que las pruebas genéticas del caso habían sido extraviadas; luego se comunicó que habían sido alteradas y tomadas días después.
Esta estrategia de comunicación, lejos de desanimar el apoyo a la menor y la exigencia de justicia, de hecho arreció la indignación. El jueves 15 de agosto se volvió a protestar en las instalaciones de la PGJ-CDMX, se lanzó diamantina rosa y billetes falsos “para pagar la tintorería del traje del secretario de seguridad”. Se exigía una alerta de género en toda la ciudad y que tanto la jefa de Gobierno como la procuradora se sientaran a dialogar con feministas, para escuchar las peticiones.
Mientras la PGJ-CDMX asegura que continuarán las investigaciones, la jefa de Gobierno de la Ciudad asegura un convenio con el Instituto de Formación Profesional de la PGJ y la Escuela de Administración Pública para impartir capacitaciones con perspectiva de género a policías de investigación y preventivos auxiliares. En este punto hay que preguntarse, ¿de verdad necesitan una capacitación para saber que no deben violar a nadie? ¿Se necesita una capacitación para seguir el protocolo y asegurar las pruebas genéticas?
El pasado viernes 16 se convocó a una brillantada nacional, donde colectivos feministas de todo el país se unieron a la exigencia de detener la violencia contra las mujeres retomando este símbolo cursi y kitsch que es la diamantina rosa, un objeto abyecto para la masculinidad institucional de traje y corbata.
A la manifestación acudieron muchas mujeres que exigieron un alto a la violencia de forma pacífica, mujeres que forman parte de diversos colectivos y que practican diferentes feminismos. Hay un enojo y un hartazgo comprensibles y se requieren acciones contundentes y urgentes. Esto incluye una comunicación empática de las autoridades hacia las mujeres, mediante la cual pueda generarse y reconstruirse la confianza en las hoy tan desprestigiadas instituciones.
No existe un solo feminismo sino muchos. Esa pluralidad es una de las virtudes que tiene el movimiento. Estamos lejos de ver el fin de estas protestas: al color morado y al pañuelo verde se ha sumado la diamantina rosa como un símbolo para exigir justicia. “Amaneció. Las paredes se pintaron, los vidrios se repusieron. Las desaparecidas y asesinadas no volvieron”.
