La ausencia en el país de una política pública en materia de derechos humanos, y el debilitamiento operativo y presupuestario de las instituciones encargadas de su protección, han profundizado aún más la crisis existente para hacer frente a la defensa de los derechos humanos, la protección de las víctimas, la discriminación y la lucha para eliminar la violencia de género.
A dos años de haber comenzado la gestión del gobierno federal, organizaciones civiles, personas defensoras de derechos humanos y colectivos de víctimas denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el actual debilitamiento de las instituciones de protección de derechos humanos en México. El pasado viernes 4 de diciembre, comparecimos ante la CIDH en la Audiencia pública “Situación de la institucionalidad de derechos humanos en México, con perspectiva de género”.
Hoy en día, las víctimas de derechos humanos y víctimas del delito no cuentan con instituciones a nivel federal y local que les permitan acceder y ejercer efectivamente sus derechos. Lo anterior es consecuencia de la falta de una política nacional integral efectiva de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral, así como de un entramado institucional coordinado que pueda atender a las víctimas conforme a estándares internacionales y al marco jurídico vigente.
De manera particular, la ausencia en el país de una política pública en materia de derechos humanos y el debilitamiento operativo y presupuestario de las instituciones encargadas de su protección han profundizado aún más la crisis existente para hacer frente a la defensa de los derechos humanos, la protección de las víctimas, la discriminación y la lucha para eliminar la violencia de género. Entre las denuncias hechas ante la CIDH se encuentran el debilitamiento de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la extinción del Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral (FAARI), del que disponía la institución para la atención a víctimas.
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, tan sólo en 2018 se reportaron más de 126 mil expedientes de queja por violaciones a derechos humanos ante la CNDH y organismos locales de protección de derechos humanos. En contraste con esta cifra, en su informe de 2019 la CEAV señala que de 2014 a mayo de 2019 se tenían 27,331 víctimas inscritas en el Registro Nacional, de las cuales únicamente 5,337 habían sido beneficiadas con medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.
Desde que entró en vigor la Ley General de Víctimas ((LGV) en enero de 2013, hasta la fecha no ha sido posible su total implementación. Tampoco se ha logrado cumplir con la operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), órgano del Estado mexicano encargado de definir las políticas públicas para la ayuda, asistencia y la reparación integral en los ámbitos federal, local y municipal. De acuerdo con una Solicitud de Información Pública hecha por GIRE, hasta mayo de 2019 de las 32 entidades federativas sólo 14 (Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) contaban con comisiones de víctimas locales y recursos públicos para la atención de éstas.
A pesar del contexto de violencia que enfrenta el país, las medidas de austeridad, las carencias y los retos que enfrentan la CEAV y el SNAV en la atención a víctimas, el 6 de noviembre de este año se reformó la LGV, extinguiendo con ello el FAARI, fondo al que tenían derecho de acceder todas las víctimas de delitos del fuero federal y de violaciones a derechos humanos para contar con esquemas individualizados de protección. Lo anterior forma parte de la extinción de 109 fideicomisos hecha por los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, con el pretexto de lograr un ahorro de más de 68 mil millones de pesos y redestinarlo a otras problemáticas, entre las que se encuentra la atención a COVID-19.
La extinción del FAARI deja a las víctimas del Estado mexicano en desventaja por varios motivos. Se elimina la garantía de contar con recursos etiquetados para su protección dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual significa un retroceso, pues no contar con un recurso público mínimo asegurado, y que ahora se sujete a la disponibilidad presupuestaria, afectará en el acceso de las víctimas a las medidas de ayuda inmediata y de asistencia, en el pago de medidas de compensación por daño material e inmaterial y, en general, en todas las medidas de ayuda, asistencia y planes de reparación integral que requieran recursos.
Asimismo, representa un retroceso porque abre la posibilidad de que el presupuesto destinado a la protección y reparación sea reducido en los siguientes ejercicios fiscales a criterio del gobierno federal, ya que la actual reforma a la LGV les quita a las víctimas la garantía y blindaje que tenían en la ley. Por otra parte, la modificación de esta norma a nivel general y la desaparición del FAARI puede incentivar que los congresos locales reformen sus legislaciones para desaparecer los fondos estatales de ayuda, asistencia y reparación integral que hasta el momento se han constituido.
Por todo lo anterior, además de la denuncia hecha ante la CIDH, pedimos su intervención para que solicite al Estado mexicano:
1) Destinar los recursos presupuestales, operativos y técnicos para lograr la operación efectiva y eficiente del SNAV, que garantice la coordinación interinstitucional y defina la política nacional integral de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral, contando con la participación y consulta de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos y atención a víctimas.
2) Restablecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que fue creado para brindar las medidas que contempla la LGV.
Para evitar la revictimización y las violaciones a los derechos de las víctimas es necesario que las instituciones cumplan con los objetivos y principios para los que fueron creadas: la atención de los miles de víctimas que hay en el país. Esto requiere presupuesto, voluntad política y compromiso de todas las autoridades del Estado, un compromiso que en la actualidad se ha ido perdiendo.