Miles de mujeres salimos a las calles a marchar para denunciar la violencia y exigir que se protejan y garanticen nuestros derechos. Si bien los motivos de la rabia y el hartazgo son múltiples, tienen en común la lamentable certeza de que nuestra sociedad es injusta y desigual. El empuje del movimiento feminista ha ido creciendo y las mujeres compartimos la esperanza de que podemos tener un mundo mejor; sin embargo, la respuesta por parte del Estado es insuficiente: el gobierno actual no reacciona ante los feminicidios y otras formas de violencia, el desdén sigue siendo el sello de un presidente al que no le importa lo que le pasa a más del 50% de la población.
A las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer se sumó el paro nacional del 9 de marzo, una iniciativa que logró el apoyo de diversos sectores: instituciones públicas, empresas privadas, bancos, escuelas, universidades, entre otros, como un llamado a desaparecer por completo del ámbito público, tanto en el trabajo formal como en las labores de cuidado, las redes sociales y las calles en general. La ausencia de las mujeres generó rechazo y entusiasmo, colocando en la mesa de discusión la relevancia y consecuencias de este voluntario no estar. El paro hizo visibles nuestras aportaciones en el campo laboral; abonó a la comprensión del valor de nuestro trabajo de cuidados, fortaleció la exigencia de que sea garantizado nuestro derecho a vivir libres y seguras y dio lugar a la creación de nuevas y poderosas redes de apoyo entre mujeres.
Después de la movilización y el paro debemos mantener el impulso de la euforia y el estruendo sin perder de vista la responsabilidad que tiene el Estado de poner fin a la violencia y cerrar las brechas de desigualdad. Además de alzar la voz e instar a otras a hacerlo, debemos continuar con la creación de contextos de exigencia para que las políticas públicas y su implementación garanticen todos los derechos para todas las mujeres todos los días, no sólo en fechas conmemorativas y más allá de la coyuntura.
No debemos olvidar las deudas históricas que el Estado tiene con las mujeres por considerar que nuestros derechos pueden quedar pendientes: permanecen los obstáculos de acceso a servicios como anticoncepción de emergencia y aborto por violación; se criminaliza a las mujeres que abortan; la violencia durante el embarazo, parto y posparto, y las muertes en el parto por causas prevenibles parecen no tener fin. A las fallas estructurales del sistema de salud se suma el hecho de que la mayoría de las mujeres está empleada en el sector informal, lo que limita su acceso a la seguridad social y, por tanto, a prestaciones como licencias parentales y estancias infantiles. Al seguir considerándose como responsabilidad principal nuestra la labor de cuidados, tenemos la pesada carga de tener que cumplir con una jornada laboral fuera del ámbito familiar y con otra dentro de él sin remuneración alguna.
Generar las condiciones óptimas para que las mujeres tengamos acceso a la justicia reproductiva -entendida como el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que nos permiten tener el poder y la autodeterminación sobre nuestro destino reproductivo- es obligación del Estado. El no tomar en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan nuestra salud y el control de nuestra vida difícilmente cumplirá con la obligación de garantizar nuestros derechos humanos.
El 8 y 9 de marzo las mujeres nos movilizamos y solidarizamos con y por todas e incidimos en los espacios públicos y privados. Miles de voces nos sumamos al grito de “basta ya” e hicimos visibles nuestros aportes para el funcionamiento de una sociedad que aún no logra entender que nuestra vida importa. Nuestro dolor y nuestra rabia deben ser escuchados y atendidos. Muerte, violencia, falta de autonomía y miedo deben dejar de ser el destino de las mujeres. ¡Exigimos una respuesta contundente del Estado!
@GIRE_mx