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El Estado no promueve los derechos reproductivos

febrero 8, 2021

En México el aborto se regula a nivel local, y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y otras por las cuales no se considera como un delito, pero el Estado ha fallado en socializarlas.

Es obligación del Estado respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos; sin embargo, respecto a los derechos reproductivos en general, y específicamente en relación a las causales de aborto, ha sido omiso en comunicar los servicios a los que las mujeres y otras personas gestantes tienen derecho, afectando con ello su salud y su vida. Sin promoción constante y efectiva es prácticamente imposible conocer los derechos y ejercerlos.

En México el aborto se regula a nivel local, y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y otras por las cuales no se considera como un delito, pero el Estado ha fallado en socializarlas. Si de por sí quienes requieren o solicitan un aborto enfrentan discriminación al tener más o menos derecho de acceder a él bajo un marco legal de acuerdo con el lugar donde residen, este vacío del Estado exacerba la desigualdad y acrecienta el riesgo.

Si las mujeres y otras personas gestantes no conocen sus derechos, no pueden acceder a un aborto legal y seguro. Si quieren interrumpir un embarazo producto de violencia sexual, pero no saben que el aborto por violación es legal en todo el país y que pueden solicitarlo sin necesidad de presentar una denuncia, difícilmente acudirán a clínicas u hospitales. Si tampoco saben que tienen derecho a recibir atención médica con profesionalismo, confidencialidad, honestidad y respeto a sus derechos humanos, no se sentirán seguras de solicitar el servicio. En muchos casos, el trato que reciben tiende a la criminalización y el juicio, además de que se les niega la atención o se les denuncia.

Por otra parte, si el personal médico y de enfermería así como trabajadores sociales de clínicas y hospitales públicos y privados de todo el país ignoran que deben brindar el servicio de aborto a cualquier mujer o persona gestante que, bajo protesta de decir verdad, manifieste estar embarazada como resultado de una violación sexual, considerará que al hacerlo pondrá en peligro su estabilidad laboral y, por lo tanto, no cumplirá con la obligación de respetar su autonomía ni de ofrecerles la información y atención a la que tienen derecho.

La causal violación ha sido poco difundida. Si bien el año pasado el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva dio a conocer un video sobre la NOM 046, esta información llegó con demora a la población, pues dicha norma se modificó desde abril de 2016. Ante las omisiones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil realizamos la importante tarea de recopilar, sistematizar y difundir información relativa a los derechos humanos, además de acompañar los procesos de acceso a la justicia de personas a las que se les ha negado u obstaculizado el acceso a los servicios de salud a los que tienen derecho.

Desde GIRE realizamos un trabajo constante de promoción de los derechos reproductivos, y publicamos en nuestro sitio web información detallada sobre las circunstancias en las que se puede solicitar el servicio de aborto, lo cual hace accesible el conocimiento de las causales legales por entidad federativa: causal violación, contemplada en todo el país; 29 entidades establecen como causal de exclusión o no punibilidad que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; 23, que exista peligro de muerte para la mujer; 16, que la mujer enfrente riesgo a su salud; 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida, y dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo. El Código Penal Federal, por su parte, contempla el aborto culposo, la violación sexual y el peligro de muerte como causales de no punibilidad.

A partir de nuestro trabajo de investigación y acompañamiento de casos sabemos de la aplicación real de los marcos legales, así como de las barreras normativas y estructurales que en materia de aborto enfrentan las mujeres y otras personas gestantes. Junto a muchas organizaciones, contribuimos a llenar los vacíos del Estado. Gracias a nuestra labor, la población se informa y se sensibiliza sobre los derechos humanos que se violan cuando se niega el acceso al aborto legal y seguro; los medios de comunicación se concientizan sobre la importancia de no estigmatizar el aborto ni criminalizar a las mujeres; y quienes lo requieren, cuentan con orientación y acompañamiento para el ejercicio de sus derechos.

Es necesario que el Estado cumpla con su obligación de promover los derechos humanos, en general, y los derechos reproductivos, en particular. En la medida que cada institución de salud de los tres órganos de gobierno informe, difunda y haga que los derechos pasen del papel al ejercicio en la vida cotidiana, quienes desean y necesitan interrumpir un embarazo podrán acceder al servicio en tiempo y forma, sin poner en riesgo la salud, la vida y la libertad.

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