Por: Isabel Fulda (@IFulda)
En 2012, GIRE incluyó la gestación subrogada como uno de sus temas prioritarios para la defensa de los derechos reproductivos en México. En este tiempo, hemos sido testigos de prácticas de abuso por parte de agencias, clínicas y funcionarios del Estado, en particular en el estado de Tabasco, donde desde 1997 se permiten este tipo de acuerdos. Sin duda no es un tema fácil. Entre los feminismos, las perspectivas éticas, legales y políticas sobre la gestación subrogada son variadas y, en ocasiones, contrarias. Desde el nombre que se le asigna a la práctica (maternidad subrogada, gestación por contrato, ‘renta’ de vientres y un largo etcétera), hasta los detalles más minuciosos de las cláusulas de los contratos son materia de disputa. Prejuicios, experiencias personales y desinformación se mezclan en discusiones sobre el tema, donde casi nunca se escucha la voz de las mujeres gestantes.
Precisamente por eso, estamos convencidas de la necesidad urgente de regular el tema con una perspectiva de derechos humanos que evite perpetuar prejuicios y estereotipos de género, y que proteja de la mejor manera posible a las partes involucradas. Los casos que GIRE ha registrado, documentado y litigado en los últimos cinco años revelan las consecuencias de la falta de protecciones que ofrece el Estado para quienes participan en este tipo de acuerdos, en particular las mujeres gestantes y las niñas y niños que nacen de este tipo de acuerdos.
Laura aceptó participar en un acuerdo de gestación subrogada con una pareja de San Diego, California, en enero de 2015. No firmó un contrato ni tuvo información sobre el procedimiento médico que le realizarían. En octubre de 2015 parió un bebé con graves complicaciones de salud. Eduardo y su pareja, para quienes gestó, expresaron que no querían a un bebé enfermo y que no podían hacerse cargo de los costos del hospital privado en el que estaba. Mientras Laura y su esposo permanecían en el hospital con el niño, ellos organizaron una vacación a la Riviera Maya para “desestresarse” de la experiencia.
Laura, quien a petición de Eduardo y su pareja había ingresado al hospital como la madre del bebé, lo registró como hijo suyo. Así pudo darle acceso a los servicios de seguridad social de su esposo. Después de esto, Eduardo y su pareja desaparecieron. El bebé, Rodolfo Valentino, logró sobrevivir a una riesgosa cirugía y fue integrado a la familia de Laura como propio. Casi dos años más tarde, Eduardo contactó a Laura y, entre amenazas y engaños, la convenció de entregarles a Rodolfo Valentino. El niño lleva desaparecido desde el 10 de julio. A pesar de que existe una denuncia en contra de Eduardo y su abogado, así como pruebas para determinar el paradero de Rodolfo Valentino, las autoridades de Tabasco no han hecho nada para encontrarlo y reintegrarlo a su familia. Laura teme que se lleven a su hijo fuera del país. GIRE acompaña su caso y busca que se atraiga a nivel federal.
Su caso es un reflejo de los riesgos de realizar acuerdos informales de gestación subrogada sin vigilancia por parte de autoridades del Estado, además de la ineficiencia de las autoridades locales para cumplir con sus obligaciones de protección a las partes, en especial las niñas y niños.
Valeria (nombre ficticio) es una mujer tabasqueña que en 2015 firmó un contrato de gestación subrogada con Michael, un hombre estadounidense. En ese momento, la legislación de Tabasco lo permitía. En diciembre de 2016, dio a luz a un bebé. Al día siguiente, una persona que se identificó como funcionaria del DIF estatal acudió al hospital y se lo llevó sin más explicación. Valeria acompañó a Michael en sus múltiples esfuerzos por dar con el paradero de su hijo, a quien finalmente logró recuperar más de un mes después de su desaparición por parte de las autoridades. Durante este proceso, Valeria se enteró de que había una carpeta de investigación penal abierta en su contra por el delito de tráfico de menores. La acusación se basa en el hecho de que ella entregó a un menor a otra persona (Michael, su padre biológico) y que, a pesar de que esto era legal cuando firmó el contrato, el estado de Tabasco ya no permite contratos de gestación subrogada con personas extranjeras. Su caso ilustra los resultados de una regulación deficiente en materia de gestación subrogada en México que, en aras de “proteger” a las mujeres, termina criminalizándolas. GIRE acompaña su caso para que se cierre la carpeta de investigación en su contra.
En 2016, el congreso de Tabasco aprobó una reforma al código civil, enviada por el gobernador Arturo Nuñez, para incluir un nuevo capítulo en materia de gestación subrogada. La propuesta de reforma tenía diversos problemas y, a pesar de que GIRE advirtió al gobernador de los mismos, ésta se publicó sin cambios el 13 de enero de ese mismo año. Desde entonces no sólo no han desaparecido los problemas asociados con la práctica, sino que se han exacerbado, en particular por la actuación de las autoridades locales.
El informe Gestación subrogada en México: Resultados de una mala regulación presenta la postura de GIRE con respecto a las principales áreas de debate en el tema, la situación en México y algunas recomendaciones a las diferentes autoridades para garantizar que la práctica se lleve a cabo protegiendo los derechos humanos de todas las partes. En definitiva, la gestación subrogada —sobre todo en su carácter transnacional— es una práctica compleja, que se sitúa en contextos de desigualdad económica y de género globales. Por lo mismo, las respuestas a la práctica no pueden ser sencillas. Lo primero sería reconocerla y regularla tomando en cuenta sus diferentes dimensiones y posibles conflictos, y establecer mecanismos para proteger a las partes y garantizar su consentimiento informado. Para ello, es esencial escuchar a las mujeres gestantes y sus experiencias. El informe presentado hoy por GIRE busca contribuir a un debate público necesario y urgente sobre el tema, con información objetiva y casos concretos, pero, sobre todo, con una perspectiva de género y derechos humanos.
