El enojo, la impotencia y el clamor por una vida libre de violencia aumentan cada día entre mujeres de todo el país, mientras que las autoridades, con suma indiferencia e insensibilidad ante el dolor y la muerte, continúan centrando su atención en las formas y calificando de vandálicos los actos de protesta.
Alexis salió de su casa el 7 de noviembre en Cancún, Quintana Roo; su cuerpo fue hallado un día después. Colectivas feministas convocaron a manifestarse para exigir justicia. La manifestación se llevó a cabo el lunes 9 ante la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, en el palacio municipal de Benito Juárez. Durante las protestas, los policías dispararon al aire durante varios minutos hacia el grupo de manifestantes, dejando personas heridas.
El secretario de seguridad pública estatal, Alberto Capella, calificó como inaceptable lo sucedido y días después presentó su separación del cargo, de acuerdo con él, “para que las investigaciones por la agresión de policías a manifestantes siguieran su curso”. Por su parte, la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, reprobó la represión y se dirigió a las colectivas feministas para informar sobre el cumplimiento de sus demandas y lamentar que la violencia haya sido ejercida por servidores públicos.
CNDH, CONAVIM y SEGOB también condenaron el uso excesivo de la fuerza e hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a investigar los hechos. Sin embargo, olvidan sus propias omisiones y agravios en contra de las mujeres víctimas de la violencia. Los efectos de la represión ante la exigencia de justicia no se solucionan “lamentando” lo sucedido, mucho menos si son las propias autoridades quienes han hecho caso omiso a las constantes muestras de hartazgo y rabia por la violencia que aqueja a más del 50% de la población. Como botón de muestra están los más recientes acontecimientos en los que la CNDH mostró excesiva indolencia con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que originó la toma de las instalaciones ubicadas en el centro histórico de la Ciudad de México por parte de colectivas feministas y familiares de las víctimas.
El feminicidio de Alexis se suma a los miles que ocurren y ante los cuales el Estado ha sido incapaz de actuar con determinación. Los asesinatos de mujeres permanecen impunes y la inseguridad no cesa. El enojo, la impotencia y el clamor por una vida libre de violencia aumentan cada día entre mujeres de todo el país, mientras que las autoridades, con suma indiferencia e insensibilidad ante el dolor y la muerte, continúan centrando su atención en las formas y calificando de vandálicos los actos de protesta.
La represión policial evidencia, además de la falta de perspectiva de género en las políticas públicas y acciones de gobierno, la incapacidad de cumplir con el mandato de garantizar la vida de mujeres, niñas y adolescentes. La violencia contra las mujeres siempre es inadmisible. Sin embargo, en México las cifras sólo se incrementan y ninguna autoridad ha sido eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones. Las mujeres no sólo son víctimas de la violencia de género y la delincuencia organizada: también —y quizás debemos decir, sobre todo— de las autoridades, quienes responden atrozmente ante exigencias de justicia legítimas.
De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2020 en Quintana Roo se han cometido 58 asesinatos de mujeres, y según datos de la Fiscalía General del Estado, de enero a agosto de este año han desaparecido 79 mujeres.
Desde GIRE condenamos que se reprima a las mujeres que exigen justicia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres decimos: ¡basta! Basta de acciones gubernamentales que revictimizan. Basta de vulnerar los derechos humanos de quienes —con justa razón— protestan con formas consideradas como “no adecuadas” por quienes no han sufrido la pérdida de una hija, hermana, mamá o amiga. Basta de agresiones en contra de quienes documentan y visibilizan la insostenible situación de violencia que se vive en México. Basta de justificar la ineficacia de las autoridades actuales con las omisiones y errores de los gobiernos anteriores. Basta de torpeza e indiferencia.
Prevenir, atender y erradicar la violencia de género es obligación de todos los servidores públicos. En tanto en este país no se tenga la libertad de salir a las calles sin que peligre nuestra vida, mientras no se esté a salvo en la propia casa y los feminicidios sigan impunes, alzaremos la voz —cada vez más fuerte— para denunciar el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades; exigiremos justicia, condenaremos la represión y seguiremos demandando que se proteja a todas y cada una de las mujeres, niñas y adolescentes en México.
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