El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para liberar y dejar de perseguir a personas que hayan cometido delitos menores y beneficiar, entre otras, a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto. Si bien esta ley podría transformar la vida de las mujeres que están en prisión por interrumpir sus embarazos, debemos señalar que sus efectos serán limitados por tratarse de una ley federal, y que no se resolverá el problema de fondo y las mujeres seguirán siendo criminalizadas.
De acuerdo con datos oficiales obtenidos por GIRE vía acceso a la información, de enero de 2007 a diciembre de 2016 hay un registro de 83 personas en prisión preventiva por el delito de aborto, de las cuales 44 son mujeres, y 53 en prisión definitiva, de las cuales 19 son mujeres. Dado que estos casos son competencia del fuero común, es decir, del orden estatal, y la amnistía únicamente se concedería en casos del ámbito federal, las 44 mujeres que se encontraban en prisión preventiva y las 19 que estaban en prisión definitiva no se verían beneficiadas. Durante ese mismo periodo, según los datos oficiales, no había ninguna persona en prisión preventiva o definitiva por el delito de aborto en alguna institución del sistema penitenciario federal, así que, en términos reales, ninguna mujer podría beneficiarse con esta ley.
Aunado a lo anterior, hay que tener claro que la ley de amnistía no terminará con la criminalización de las mujeres que abortan; en primer lugar, porque la norma que castiga la interrupción del embarazo quedaría intacta y, en segundo, porque los beneficios se concederían en los casos en que el aborto haya sido cometido antes de la fecha de entrada en vigor del decreto. Las mujeres –en su mayoría, provenientes de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva– que interrumpan su embarazo después de que se conceda la amnistía seguirán siendo denunciadas y perseguidas, y quedarán en situación de vulnerabilidad al enfrentar un proceso penal que, sin importar el sentido de la sentencia, puede tener consecuencias permanentes en su vida, la de su familia y la relación con su comunidad pues, en ocasiones, se verán obligadas a pagar una multa, tomar terapia psicológica o realizar trabajo en favor de la comunidad, además de tener que padecer las consecuencias del estigma que trae consigo el aborto.
La iniciativa del presidente como medida para atender “la carencia de condiciones reales de acceso a una justicia pronta y expedita íntimamente relacionada con la pobreza, la marginación y la corrupción” es un reconocimiento explícito de la injusticia que viven las mujeres que son perseguidas y encarceladas por abortar; sin embargo, es necesario insistir en que sólo la despenalización hará que se les deje de criminalizar por interrumpir sus embarazos.
Como en México el aborto se regula a nivel local, la ley de amnistía podría ser una oportunidad para que, con intervención de la Secretaría de Gobernación, se expidan leyes similares en las entidades federativas y realmente se beneficien, por mencionar algunas, las cinco mujeres presas en Baja California, cuatro en Durango y cuatro en Quintana Roo, entidades que reportaron mayor número de mujeres en prisión definitiva en el periodo enero 2007 – diciembre 2016.
Para que las mujeres ya no sean tratadas como delincuentes se requiere considerar el aborto como un servicio de salud y no como un delito; sin embargo, ante la falta de justicia y las violaciones a derechos humanos, la ley de amnistía es un paso para reconocer y garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, y para cuestionar los estereotipos en torno a la maternidad y el estigma que viven por decidir si continúan o no con un embarazo. Desde GIRE celebramos este reconocimiento por parte del Presidente y esperamos que los legisladores emprendan acciones no solo para liberar a las mujeres presas por aborto, sino para que dejen de ser perseguidas.
