Al menos en 19 entidades del país existen iniciativas que buscan aprobar el PIN parental, el “veto” que madres y padres de familia pueden ejercer sobre los contenidos educativos impartidos a sus hijas e hijos.
En junio pasado presentamos en este espacio la discusión sobre el PIN parental en diversos congresos estatales, el “veto” otorgado a las madres y padres de familia sobre los contenidos educativos impartidos a sus hijas e hijos. En ese momento, el PIN parental había sido aprobado en Aguascalientes y en otros estados se contemplaba incluirlo en diversas iniciativas de reforma, por lo que hicimos un llamado a que los entes legitimados buscaran su expulsión a través de la vía judicial. Afortunadamente, esa discusión pasó de la política a los tribunales.
El 3 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó dos demandas de acción de inconstitucionalidad. La primera, con expediente 207/2020, en contra de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes (LEA). La segunda, con expediente 202/2020, impugna la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes (LDNNAEA). En ambos casos, se reclaman los artículos que contienen el PIN parental. Para la CNDH, el PIN parental es violatorio del derecho de niñas, niños y jóvenes (NNJ) a la educación, a la salud sexual, al desarrollo integral y al libre desarrollo de la personalidad, ya que obstaculiza que se promueva una enseñanza sexual y reproductiva, misma que está mandatada por el artículo 3º constitucional. Se sumaron, también, la Comisión de los Derechos Humanos de Aguascalientes (CDHA) y los integrantes de la minoría legislativa del Congreso del Estado de Aguascalientes, cada uno con una demanda de acción inconstitucionalidad en contra de la LEA. Las cuatro acciones de inconstitucionalidad se encuentran en espera de ser resueltas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Organizaciones de la sociedad civil también se dieron a la tarea de luchar en contra del PIN parental. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en conjunto con un colectivo de organizaciones que incluye a la Red por los Derechos de la Infancia en México, TERFU, Morras Help Morras y Colectivo Ser Gay, promovió un juicio de amparo indirecto en contra del PIN parental de la LEA. En la demanda, además de reclamar su inconstitucionalidad, solicitaron al juez una suspensión en contra de la medida, la cual fue concedida de manera provisional y definitiva. En la sentencia interlocutoria, el juez, además de reconocer el interés legítimo de las organizaciones, ordenó a las autoridades educativas del Estado no dar a conocer a las madres y padres las fechas de impartición de los contenidos en materia de “moralidad, sexualidad y valores”, a efecto de que se vieran imposibilitadas de dar su consentimiento. El juzgador consideró que resultaba evidente que 1) el destinatario del derecho a la educación son las NNJ; 2) que la Constitución prevé la educación sexual y reproductiva como parte de la educación integral, y 3) que el espíritu de la reforma educativa del año pasado contiene la perspectiva de género y la inclusión. Actualmente se está a la espera de una sentencia definitiva.
La combinación de estas dos estrategias jurídicas en contra del PIN parental resulta ser el mejor complemento para cada una. Por un lado, la suspensión es una victoria inmediata e importantísima para los derechos de las NNJ en Aguascalientes dado que, por ahora, el PIN parental no tiene efectos materiales en el estado. Por el otro, si bien resulta sumamente alentador que por la vía del juicio de amparo nuestras juezas y jueces hagan valer su compromiso con los derechos de las NNJ, no debemos perder de vista que la vía más poderosa para deshacer el PIN parental es la acción de inconstitucionalidad. Dada su naturaleza, si la SCJN decide, por mayoría de 8 votos, declarar inconstitucional al PIN Parental, automáticamente quedaría expulsado de las leyes de Aguascalientes.
En los dos casos, sin embargo, buscamos que prevalezca el derecho de las NNJ a una educación integral. Debemos permanecer unidos en la lucha en contra de la aprobación de nuevos “PINes” parentales en otros estados, ya que, al día de hoy, por lo menos en 19 entidades existen iniciativas que buscan aprobarlo.