La pugna en puerta - Información y datos sobre aborto legal en México, violencia obstétrica, muerte materna y otros.
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La pugna en puerta

octubre 8, 2018

La marea verde alcanzó a México al mismo tiempo que la llamada cuarta transformación, lo que asegura que el aborto será discutido profusamente no sólo en el poder legislativo federal, sino en varios congresos locales. Los grupos antiderechos y sus representantes, conscientes de que están perdiendo la batalla de mantener el aborto como un tema tabú, buscan movilizarse. Este es un primer balance de lo que será un intenso año para los derechos reproductivos.

Desde que la ahora senadora y futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que buscará despenalizar el aborto en todo el país, hubo reacciones y alineamientos a su postura. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, salvada de ser presidida por el PES gracias a la presión social, la diputada Miroslava Sánchez refrendó que Morena va por la despenalización del aborto a nivel nacional. El PRD se sumó a la intención de despenalizar, y la diputada independiente Lucía Riojas ya se había manifestado en este sentido.

Al mismo tiempo, la senadora perredista María Leonor Noyola presentó una iniciativa de reforma constitucional para que las instituciones de salud del Estado garanticen la atención y protección de las mujeres a fin de que puedan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Aunque la iniciativa prospere en el Senado y en la Cámara de Diputados, al ser una reforma constitucional requiere la mayoría absoluta de los congresos de las entidades federativas, justo donde hay mayor resistencia.

Mientras, en los estados también se intenta avanzar en la legislación. En Aguascalientes el PRD intentará legislar en este sentido reconociendo que “La misoginia, el machismo y la insensibilidad de diputados de otros partidos políticos han servido como impedimento”. En Puebla, el PRI se pronunció a favor del aborto y confió en que Morena, ahora mayoría en el congreso local, le dará su apoyo. ¿Por qué ahora? ¿Acaso para posicionarse como progresista ante el cambio del electorado? ¿Para obtener reflector en el contexto de la emergencia del feminismo latinoamericano, simbolizado por la marea verde? ¿Para tener una moneda de cambio con la cual pueda negociar iniciativas?

En Hidalgo el PRD es más cauto y asegura “Despenalizar el aborto, sólo si la ciudadanía está preparada”, como si no se hubiera discutido sobre el tema por dos décadas en la Suprema Corte y las hidalguenses fueran menores de edad. Finalmente, en Quintana Roo el congreso podría analizar una iniciativa presentada y aunque la diputada local Tyara Schleske insiste en que debe ponerse el tema en la mesa, reitera que habla por ella y no por su partido el Verde Ecologista.

El 28 de septiembre no sólo hubo movilizaciones a favor del aborto legal en toda la región, sino también intentos de detener el avance de la marea verde en México. Sinaloa y Veracruz fueron sus frentes. En vísperas de esta fecha, las bancadas del PRD y el PAN en Veracruz desecharon la iniciativa de ley propuesta por Morena para asegurar la interrupción legal del embarazo. Mientras que en Sinaloa se aprobó la protección de la vida en la constitución local, una estrategia presentada por los grupos antiderechos como una medida que genera un ambiente de persecución en contra de las mujeres que acuden a los servicios de salud con un aborto en evolución o tras un parto fortuito, porque suelen ser tratadas como sospechosas, sufrir maltrato y cuestionamientos, y son denunciadas por el personal de salud.

Al preocuparse por los embriones y callar ante la muerte de recién nacidos, los grupos y políticos antiderechos en Sinaloa forman parte de la impunidad institucionalizada. GIRE ha señalado, a la luz de la sentencia Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la protección de la vida prenatal es gradual e incremental, y sólo puede realizarse a través del ejercicio de los derechos de las mujeres.

Seguiremos insistiendo para que las autoridades de salud brinden los servicios de interrupción legal del embarazo a los que están obligados, no obstaculicen el acceso al derecho a la libertad reproductiva, no violenten los derechos de las mujeres y se despenalice el aborto en todo el país.

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