A seis meses de emergencia sanitaria, sabemos que resulta complicado esperar resultados positivos para la vida reproductiva de las adolescentes y mujeres en México, pues llevamos mucho más tiempo que la pandemia sin que nuestros derechos reproductivos hayan sido garantizados.
Han pasado poco más de seis meses desde que el Consejo de Salubridad General declarara emergencia sanitaria debido a la epidemia generada por la COVID-19. Apenas imaginábamos el impacto que el virus tendría en la salud de la población, especialmente en los derechos reproductivos en México.
Al poco tiempo, organismos internacionales de protección de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil, ya levantábamos la voz sobre la prioridad que el acceso a la salud reproductiva debía tener durante la pandemia. El acceso a la anticoncepción, al aborto seguro, y a la atención de calidad del embarazo, parto y puerperio no podía quedar en segundo plano, sino que, en medio de una pandemia, se volvía imperativo garantizarlo. El 12 de abril, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió un Lineamiento en el que, en cumplimiento mínimo de sus obligaciones de derechos humanos, clasificó los servicios de salud reproductiva como esenciales.
El 20 de julio, cuatro meses después de declarada la emergencia sanitaria, teníamos acumulada una Razón de Muerte Materna (RMM) de 39.1 defunciones por cien mil nacimientos estimados, y la COVID-19 era ya la primera causa de muerte materna, representando 18.5% del total de muertes maternas en el país. El 22 de julio, una versión actualizada del Lineamiento fue publicada y, además de las pautas que ya había marcado para la atención del embarazo, aborto seguro, parto y puerperio, avanzó en la adopción —por lo menos en papel— de altos estándares de derechos reproductivos.
Por ejemplo, se reconoce la importancia de que las mujeres estén acompañadas por alguien de su confianza durante el parto, quien puede ser su familiar o una persona trabajadora de la salud como una partera o doula. Se vuelve a enfatizar la importancia de atender el parto de manera individual, en un marco de derechos humanos: en este documento de la Secretaría de Salud queda claro que ni el contexto de pandemia ni un diagnóstico positivo de COVID-19 en una mujer o persona gestante en trabajo de parto son justificación para llevar a cabo procedimientos médicos invasivos de manera rutinaria y sin el consentimiento de la persona de quien se trate, tales como ruptura artificial de membranas, episiotomía o cesárea.
En el caso de la atención del aborto seguro bajo las causales permitidas por ley, la versión actualizada del Lineamiento retoma que es un servicio de salud reproductiva sensible al tiempo, por lo que debe respetarse la decisión de la mujer, no retrasar la atención y emplear la mejor tecnología posible, pues “no hay justificación para exponer innecesariamente a las mujeres a un riesgo adicional”. El mismo documento refiere que el servicio de aborto seguro puede atenderse en el primer trimestre de gestación de manera ambulatoria, como sucede en la Ciudad de México.
La inclusión del aborto seguro en este Lineamiento está respaldada por las causales reconocidas en los códigos penales vigentes, la Ley General de Víctimas y la NOM-046 que regulan que el aborto es legal en todo el país cuando el embarazo es producto de violación. Es además legal en las primeras doce semanas completas de gestación en Oaxaca y en la Ciudad de México, y es legal en otras situaciones específicas según cada código penal. También hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el aborto seguro es un servicio de salud al que tenemos derecho las mujeres y personas gestantes cuando la continuación del embarazo pone en riesgo nuestra salud, entendida como un estado completo de bienestar físico, mental y emocional. Este es un estándar que recoge el documento del que aquí hablamos, el cual también debe conocer y poner en ejercicio el personal médico.
Sin embargo, a seis meses de emergencia sanitaria, sabemos que resulta complicado esperar en tan poco tiempo resultados positivos para la vida reproductiva de las adolescentes y mujeres en México, pues llevamos mucho más tiempo que la pandemia sin que nuestros derechos reproductivos hayan sido garantizados.
Por ejemplo, la desigualdad que arrastrábamos en el acceso a la salud materna, que hemos documentado en GIRE desde hace varios años, ha provocado que la RMM ascienda hasta lo reportado el 5 de octubre, a 44.7 defunciones por cada cien mil nacimientos estimados, y que la COVID-19 sea la primera causa de defunción, representando 21% del total de defunciones.
Desde el inicio del confinamiento en marzo, a pesar de que el Consejo Nacional de Población estimara 122 mil embarazos no planeados por necesidad insatisfecha de anticoncepción, tres congresos locales (Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro) han desechado iniciativas de reforma que proponían despenalizar el aborto durante las primeras doce semanas de gestación en sus entidades. Por otra parte, en los servicios de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México se ha reducido el número de abortos este año, en comparación con 2019, lo que puede estar relacionado, entre otras causas, con el miedo de contagio al acudir a clínicas públicas de salud.
Como también sucedía antes de la llegada de la pandemia, desde la sociedad civil hemos estado llenando los vacíos del Estado. En GIRE continuamos acompañando casos y brindando información al respecto. Parteras acompañan embarazos, abortos seguros, partos y puerperios respetando los derechos humanos de mujeres y personas gestantes, en casas de parto o en las casas de las embarazadas. También, otros cientos de mujeres a lo largo y ancho del país se articulan para acompañar abortos seguros con medicamentos en contextos que de por sí ya eran adversos.
La situación actual, a seis meses de la declaración formal de una emergencia sanitaria, ha hecho más evidentes por lo menos tres aspectos que llevamos tiempo resaltando y que urge seguir atendiendo aun después de la pandemia: que el actual marco legal que criminaliza el aborto es obsoleto y urge reformularlo hacia su liberalización en todo el país, que los derechos deben pasar del papel a la práctica, y que las redes de mujeres salvan vidas.
