Por: Omar Feliciano (@tipographo)
Una niña de 10 años solicitó a la Suprema Corte de India permiso para la interrupción de su embarazo, resultado del abuso sexual perpetrado por un allegado a la familia. El caso fue titular alrededor del mundo, como una muestra no sólo de la violencia que viven las mujeres y las niñas en la democracia más grande del mundo, sino también como testimonio de las barreras legales que enfrentan las víctimas. Estos obstáculo no son lejanos; desde GIRE se han documentado los patrones de violencia y revictimización que no son muy distintos a los vividos en el subcontinente indio.
En India la violencia contra las niñas y las mujeres es cosa de todos los días. De acuerdo a un reportaje de Times of India y al seguimiento del Huffingtonpost de India, en julio una niña de 14 años del sureño estado de Uttar Pradesh fue violada, resultó embarazada y debido a la presión económica y de los ancianos de la aldea, fue casada con su violador como una manera de “asegurar un mejor futuro” para el bebé de 10 meses fruto de la violación. De acuerdo con el padre de la niña recién casada, fue una manera de resolver el que ella hubiera avergonzado a su familia: “¿Cuánto se puede luchar contra la sociedad..? Es mejor que se haya ido de casa”.
Estos son sólo un par de casos que han desnudado la ineficacia del sistema legal de un país que asegura que las niñas son su futuro. La Ley de interrupción médica del embarazo (Medical Termination of Pregnancy Act) necesita reformarse de inmediato para cumplir con la realidad de las mujeres y las niñas. En 2014 se propuso una reforma a esta ley, misma que, a pesar de la realidad, ha quedado en la congeladora. La principal característica de la reforma propuesta es aumentar el límite legal de 20 a 24 semanas de gestación: bajo la ley actual las víctimas de violación sexual con más de 20 semanas de gestación no pueden ampararse a esta ley y deben de realizar peticiones individuales.
India no es la única región donde las niñas enfrentan violencia en el hogar y revictimización por parte del Estado, donde tienen que luchar contra un sistema judicial que les obstaculiza el acceso a derechos y donde el poder legislativo ignora los cambios legales necesarios para asegurar su bienestar. En Ecuador ,los partos de niñas de diez a 14 años aumentaron 78 % del 2002 al 2010; en Nicaragua, ocho de cada diez mujeres víctimas de violencia sexual son menores de 13 años; en Guatemala, diario se registran cinco embarazos en menores de 14 años; en Perú, cuatro de cada cinco denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes; en México, cuatro de cada diez menores de 15 años son víctimas de delitos sexuales.
Hace un par de años Paraguay dio un titular similar al de India. En aquella ocasión el Estado permitió que la niña se convirtiera en madre, la custodia se entregó a la abuela, con lo que se aseguró perpetuar el ciclo de pobreza y marginación de la niña.
En Sonora, la niña Citlali de 14 años fue abusada y un juez reclasificó el delito de violación como estupro. Así, impidió que los servicios estatales de salud interrumpieran su embarazo. GIRE intervino en el caso para denunciar la omisión y la actuación del juez. Citlali pudo interrumpir su embarazo y continuar con su infancia.
En México, como en India, existen leyes que en teoría aseguran los derechos de las niñas. Sin embargo, en la práctica el sistema parece funcionar en su contra. El caso más reciente es Michoacán, donde la secretaría estatal de salud se negó a practicar un aborto debido a que según su opinión “existe una incompatibilidad entre normas” y pide a los legisladores locales “despenalizar el aborto por violación”. El aborto por violación está despenalizado en todo el país. En el código penal de Michoacán está claramente explicitado que “la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye cuando: Dentro de las primeras doce semanas cuando el embarazo sea resultado de una violación”. Sin palabras…
La violación y el asesinato de Jyoti Singh en 2012 desató una ola de furia que se condensó en cambios legales. El caso y sus consecuencias puede conocerse a detalle en el documental India’s Daughter (disponible en Netflix). Sin embargo, la indignación no ha alcanzado como para descongelar los cambios en la legislación y permitir que las niñas con más de 20 semanas de gestación interrumpan su embarazo.
En México la solución es menos laboriosa: asegurar que las niñas víctimas de violación sexual sean atendidas de acuerdo al interés superior de la infancia y los derechos humanos no requiere cambios legales sino que los operadores de justicia y los proveedores de salud cumplan con sus obligaciones. Si fallan, la indignación ciudadana como movilizador es indispensable.