En México, entre 2012 y 2016, murieron 4 mil 283 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Las 857 muertes que, en promedio, ocurren al año, son un reflejo de las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres, sobre todo las indígenas, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación como la falta de acceso a los servicios de salud y la ausencia de intérpretes que les permitan otorgar un consentimiento informado respecto a los procedimientos médicos a los que se someten.
Las muertes maternas prevenibles son consecuencia, en gran medida, de las fallas estructurales del sector salud, como la insuficiencia de personal médico y la falta de insumos e infraestructura; además, la inadecuada localización geográfica de los hospitales ha ocasionado que algunas mujeres se vean obligadas a hacer largos trayectos para recibir atención médica, lo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Entre 2013 y 2018 GIRE ha registrado, documentado y acompañado un total de 24 casos de muerte materna. De los casos acompañados, destaca que siete ocurrieron en Oaxaca, una de las cinco entidades que en 2016 registraron una mayor Razón de Muerte Materna. Entre ellos se encuentra el caso de Gelleli, una mujer mazateca que vivía en Jalapa de Díaz: a los 24 años cursaba su segundo embarazo y, al sentir malestar durante la semana 40 de gestación, acudió a la Casa de Salud acompañada de Martín, su pareja. Ahí les indicaron que requería atención médica urgente y para ello debían acudir al Hospital General de Tuxtepec, ubicado a hora y media de su lugar de residencia. Para trasladarse, tuvieron que buscar ayuda debido a que la Casa de Salud del municipio no contaba con ambulancia.
Gelleli llegó al hospital de Tuxtepec a las 6 de la tarde, pero la atendieron hasta las 8 de la mañana del día siguiente. A partir de entonces no le proporcionaron información a su pareja sino hasta varias horas después, cuando le informaron que realizarían una segunda operación porque en la cesárea le habían perforado una arteria y tenía una hemorragia interna. En ese momento, sin explicarle más, le hicieron firmar una hoja de consentimiento informado, a pesar de que él no sabe leer ni escribir en español. Le manifestaron que, de no firmar, Gelleli moriría.
La mañana siguiente le informaron que Gelleli necesitaba ser intervenida de nueva cuenta debido a que la hemorragia no cedía. La operación implicaba una alta posibilidad de que ella muriera en la sala de operaciones y, en caso de sobrevivir, no había garantía de mejoría. Tras discutirlo, Martín y la familia de Gelleli decidieron negarse a que se realizara el procedimiento. Al día siguiente, personal del hospital les informó de su fallecimiento.
En la mayoría de los casos de muerte materna, los familiares enfrentan una serie de obstáculos para acceder a la justicia y deben esperar largos procesos antes de obtener algún tipo de resolución por parte de la autoridad. Aunque en México existe un conjunto de procedimientos que pueden iniciarse ante una muerte materna, ninguno de ellos prevé el establecimiento de medidas de reparación integral por violaciones a derechos humanos, a pesar de que los casos suelen estar relacionados con cuestiones estructurales que rebasan la actuación individual del personal de salud.
Desde GIRE consideramos que la vía penal no es idónea para solucionar y dar acceso a la justicia, pues la imposición de sanciones penales al personal de salud no resuelve las razones de fondo y se convierte en un paliativo poco efectivo para cambiar las condiciones que fomentan la incidencia de muertes maternas. Como en el caso de Gelleli, hemos optado por acompañar a los familiares a través de los mecanismos de queja ante las comisiones de derechos humanos locales y la CNDH; aunque estamos lejos de conseguirlo, es la manera que pensamos más factible para lograr medidas de no repetición que permitan prevenir otros casos.
