En cuanto a los derechos de las mujeres, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha caracterizado por su ambivalencia: aunque reconoce la grave crisis que atraviesa México, impulsa acciones que recrudecen las condiciones de vulnerabilidad de quienes enfrentan abusos y omisiones por parte de las autoridades. Desde su campaña y durante su primer año de gobierno, ondeando la bandera de la igualdad, insistió en colocar en el centro de su agenda las necesidades del pueblo, pero sus políticas públicas han dejado claro que hay temas a los que le presta poca atención, ya sea porque no quiere polemizar, porque no logra reconocer su relevancia o porque no comprende que la perspectiva de género es necesaria para combatir la pobreza y la desigualdad.
En el caso de políticas públicas que mejoran las condiciones de vida de las mujeres vemos pocos avances y varios retrocesos, como el caso de la cancelación de los programas de estancias infantiles, la poca visión para combatir la violencia que diariamente enfrentan las mujeres, y la ausencia de la autonomía reproductiva en las políticas públicas del gobierno de AMLO. La Secretaría de Salud, por medio del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, suspendió la convocatoria para otorgar 346 millones 482 mil 708 pesos en subsidios a los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia. Esto mientras que, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los feminicidios crecieron 12% respecto a 2018.
En noviembre, AMLO firmó el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, resultado de varios foros de consulta en los que fueron escuchadas las necesidades de las mujeres; sin embargo, el aborto quedó ausente en este documento. En septiembre, presentó una iniciativa de ley de amnistía para liberar y dejar de perseguir a personas que hayan cometido delitos menores, entre ellas, quienes se hayan realizado un aborto. Aún está por discutirse en la Cámara de Diputados, pero —dada la mayoría aplastante con la que el partido del presidente cuenta en el Congreso— es muy probable que se apruebe. Si bien esta iniciativa fue un reconocimiento explícito de la injusticia que viven las mujeres perseguidas y encarceladas por abortar, debemos insistir en que sólo la despenalización hará que se les deje de criminalizar por interrumpir sus embarazos.
El nuevo gobierno sigue haciendo caso omiso a la exigencia de contar con políticas públicas que arranquen de raíz la idea de que las mujeres son las principales responsables de las labores del hogar y de cuidados. En febrero decidió cancelar el Programa de Estancias Infantiles bajo el argumento de haber encontrado irregularidades, deficiencias y desvío de recursos, minimizando la obligación de atender las condiciones que son obstáculo para que hombres y mujeres puedan garantizar el cuidado de sus hijos e hijas, con una perspectiva de derechos humanos.
AMLO se negó a reconocer que la falta de acceso a prestaciones como las estancias infantiles limita oportunidades laborales y educativas a quienes ya realizan 70% del trabajo de cuidados en México; al parecer, poco le importa reforzar las barreras para hacer posible la conciliación de la vida laboral y personal: con la cancelación del programa y la transferencia directa de los recursos a las familias se perpetúan las condiciones de desigualdad que dan pie a violaciones de derechos humanos, en particular los de las mujeres. Cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación en torno al tema, AMLO la rechazó. ¿Tendrá claro que con esta negativa reiteró su falta de interés por los derechos de las mujeres?
Recientemente la CNDH cambió de titular y, con ello, se cerró un periodo en el que la rispidez fue el principal rasgo de la relación de AMLO con el órgano garante de los derechos humanos. Rosario Piedra Ibarra está al frente, tras una designación carente de legitimidad que pone en riesgo la autonomía de la Comisión. ¿Qué tipo de acompañamiento otorgará a las víctimas? ¿Qué certeza puede brindar a las mujeres si, a pocos días de haber asumido el cargo, mostró falta de empatía con quienes se manifiestan para gritar “basta” a la violencia que sufren todos los días? Difícilmente Rosario Piedra Ibarra tendrá libertad para observar, señalar y exigir a aquellos que favorecieron su llegada al cargo, y a aquellos que consideran que la protección de los derechos de las mujeres no es tan relevante como la erradicación de la corrupción.
Pese a la ambivalencia de AMLO en torno a los derechos humanos, la semana pasada recibimos la gran noticia de que el gobierno de México —finalmente— ratificará el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Durante el último año, este tema ha cobrado especial interés gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del IMSS, por ser ellas quienes, preponderantemente (9 de cada 10 son mujeres), realizan esta labor. El fallo de la SCJN y la aprobación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin de garantizar los derechos laborales de más de 2 millones 300 mil trabajadoras del hogar, constituyen un acto de justicia para quienes durante muchos años han luchado por la dignificación de su trabajo.
En el marco del Día de los Derechos Humanos y a un año de haber asumido la presidencia de México, instamos a AMLO y a todos los órdenes de gobierno a reconocer y eliminar la cadena de violaciones a los derechos humanos que durante décadas se han perpetrado en contra de las mujeres, especialmente de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, y a implementar políticas públicas que aseguren el acceso a la justicia y la reparación integral por violaciones a derechos humanos.
