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Los datos abiertos y el acceso a al información en el trabajo de investigación de GIRE

agosto 6, 2019

Según el Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos del 2015 los datos abiertos son información digital de carácter público accesible en línea, y puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, de forma gratuita, en formatos libres y legibles por máquina, con licencias abiertas y sin ningún objetivo en concreto. Se trata de información que ya es pública y que se puede descargar de una forma sencilla. A partir de ese decreto se creó el sitio www.datos.gob.mx, donde es posible consultar más de 40 mil 727 datos de 280 instituciones de gobierno.

Ahora bien, cabe aclarar que el acceso a la información, los datos abiertos y la transparencia son cuestiones distintas, aunque complementarias. La transparencia se refiere a la acción de abrir la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas que reducen los costos de acceso. Por su parte, el acceso a la información es un derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Existen sistemas que nos permiten acceder a información pública como la Plataforma Nacional de Transparencia o los sistemas INFOMEX de cada entidad federativa, desde los cuales se puede solicitar a distintos sujetos obligados la información que necesitamos.

La evolución del acceso a la información radica en que, si la información que estamos buscando ya se encuentra disponible en plataformas del gobierno, no tendremos que solicitarla a través de solicitudes individuales de acceso.  A través de las solicitudes de acceso a la información los gobiernos pueden identificar la demanda de datos y mejorar la calidad y la apertura de las bases.

En GIRE utilizamos las solicitudes de acceso a la información, las diferentes encuestas y los datos públicos para realizar informes que buscan incidir en las políticas públicas. Con esa información podemos conocer la realidad de aplicación de los derechos reproductivos a nivel nacional, estatal y a veces municipal, el nivel de cumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones constitucionales y los pendientes más urgentes.

Un ejemplo de lo anterior es que, después de realizar cientos de solicitudes para conocer las cifras de la interrupción del embarazo en la CDMX por parte de diversas organizaciones, a partir de 2017 algunos de los datos que solicitábamos empezaron a hacerse públicos.

El 18 de julio, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX se publicó la base de datos de los procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que se realizan en la Secretaria de Salud la de la CDMX. De un análisis de los datos correspondientes al 2018 y el segundo trimestre del 2019, podemos destacar los siguientes indicadores, que pueden resultar valiosos como evidencia que permita evaluar la implementación del programa ILE, la población beneficiada, así como los patrones generales de acceso al aborto legal en la capital del país:

  • En 2018, se realizaron 17 mil 247 interrupciones legales del embarazo y en 2019 se han realizado 5 mil 454 interrupciones.
  • El mes en que se han realizado más interrupciones es enero.
  • Las mujeres solteras son las que realizan más ese procedimiento y las que menos lo hacen son las viudas.
  • Las mujeres con una preparatoria completa son las que más utilizan este servicio.

A diferencia de antes, los datos se pueden consultar de forma más sencilla y accesible. Además, la información se encuentra desagregada con un mayor detalle e incluye información sobre el año, mes, hospital, fecha de ingreso, autorreferencia, estado civil, edad, entre otros. Todo lo anterior se puede consultar a partir del 2016 y la liga para hacerlo es esta. Esta información detallada resulta útil para evaluar el desarrollo del programa ILE en la Ciudad de México, la población a la que atiende y los cambios que pudieran realizarse para atender de mejor manera sus tareas.

Por otro lado, los datos abiertos y el acceso a la información son herramientas que nos sirven para combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas.

El camino a la transparencia como actualmente la conocemos lleva mucho tiempo, esfuerzo y dinero invertido. No dar prioridad a que tengamos un gobierno abierto y transparente que combata la corrupción sería un retroceso muy grande de los logros democráticos que llevamos. La falta de información y de datos hace que la percepción de un problema se minimice ante los ojos de la sociedad.

En conclusión, los datos abiertos puestos en acción buscan hacer un gobierno más eficiente, más democrático y justo, y a la vez generar un impacto económico, mejorar o crear nuevos servicios públicos y reducir las duplicidades. Es labor de cada uno de nosotros exigir al gobierno que vaya creciendo las bases de datos abiertos y elevando la calidad de la información, para que cualquier interesado pueda sacar valor de ellos y, si es necesario, exigir acciones concretas.

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