En 1999, en Mexicali, Baja California, un hombre entró a robar a la casa de Paulina. Se robó mil pesos y la vida que Paulina conocía. Abusó sexualmente de ella, dejándola embarazada con tan solo 13 años de edad. Su caso sonó en todo México porque se trataba de una menor, embarazada como resultado de una violación, a quien le negaron el derecho de abortar legalmente. A pesar de que en aquella ocasión el Ministerio Público giró una orden para que se realizara el aborto de manera oportuna, los principios religiosos de unos cuantos pudieron más, asustaron a Paulina y a su familia y la joven se convirtió en la madre del hijo de su agresor.
En GIRE se litigan casos de niñas de hasta diez años que quedan embarazadas a raíz de una violación sexual, a quienes se les niegan servicios básicos como antirretrovirales, anticoncepción de emergencia (AE) o acceso al aborto legal. El Estado dio un significativo paso al frente al modificar la NOM 046. Ahora las sobrevivientes de una violación sexual no requieren la autorización del MP para acceder a la interrupción del embarazo en el sistema público de salud. Sin embargo, pareciera que las autoridades a cargo de implementar dicha Norma, no están al tanto de las modificaciones.
Este año, la historia se repite. Angélica —como la llaman los medios por seguridad— es una joven de 18 años que, a consecuencia de una violación, quedó embarazada en marzo de 2016. En contra de lo que dicta la NOM 046, a Angélica se le negó la AE, lo cual pudo haber evitado el embarazo. Además, las autoridades le aseguraron que abortar, aún en caso de violación, es delito. Le recomendaron que continuara su embarazo y que cuando naciera el producto, lo diera en adopción.
El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer (ISMujer), y del MP violaron los derechos de Angélica a la privacidad, a la salud, a la no discriminación, a la información, y a una vida libre de violencia, entre otros. Un abogado del ISMujer aseguró a Angélica que abortar en caso de violación es un delito. Y el MP, tras solicitar una prueba de embarazo y recalcar que abortar era ilegal, le recomendó a la mujer acudir a la asociación Provida para que le ayudaran a dar al producto en adopción. A través de métodos de intimidación y acoso, similares a los que usaron con Paulina en 1999, las instituciones de Baja California Sur violan los derechos de niñas y mujeres embarazadas que podrían abortar legalmente en caso de violencia sexual.
Tanto en el caso de Paulina, como en el de Angélica, GIRE fue peticionaria. Gracias al trabajo de ésta y otras organizaciones feministas de la sociedad civil, de abogadas que trabajan de forma independiente y de las senadoras Martha Tagle, Angélica de la Peña y Diva Gastelum, Angélica pudo interrumpir su embarazo de forma legal en la Ciudad de México; se ha iniciado un juicio en contra del violador, y el Senado de la República ahora tiene en la mira a las autoridades de Baja California Sur, exhortándolas a implementar correctamente la NOM 046 y evitando que casos como éste sigan ocurriendo:
A Erasmo Palemón Alamilla, titular de la PGJE, el Senado recomendó aplicar las sanciones correspondientes a las y los funcionarios que incumplieron con la NOM-046, además de implementar acciones para eliminar la discriminación y violencia de género.
A Víctor George Flores, cabeza de la Secretaría de Salud, pidió que aplique medidas para garantizar el cumplimiento de la NOM 046 en los casos de violencia sexual, y las sanciones al personal médico que brindó información sesgada a Angélica.
A Cristina Herrera, directora del ISMujer, las senadoras le piden que comunique las acciones emprendidas para promover y garantizar el cumplimiento de la NOM 046 y el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a sus derechos humanos.
Desde GIRE celebramos el esfuerzo del Senado por garantizar que los derechos reproductivos de las mujeres víctimas de violación sean respetados en todo México.
