Por: Francisco Cué (@PacoCue) y Dunia Campos (@DuniaVerona)
Las deudas del Estado mexicano con las mujeres cada día son más evidentes, incluso para la comunidad internacional. México fue examinado una vez más y las recomendaciones en materia de derechos humanos se acumulan. El 7 de noviembre se llevó a cabo en Ginebra el Examen Periódico Universal (EPU) en el marco del 31 Periodo de Sesiones. Por tercera ocasión, México rindió cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esta sesión, se revisaron los avances conseguidos desde 2013 —año en que se efectuó el Segundo Ciclo del EPU—, tomando como base el informe que el gobierno remitió. Las misiones de los países que deciden participar en el EPU, además de contar con dicho informe, obtienen información de otras fuentes, principalmente de las organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, un mes antes del Examen, GIRE y MEXFAM señalaron la persistente discriminación y violación a los derechos humanos de las mujeres respecto al acceso a la interrupción legal y segura del embarazo.
En el Segundo Ciclo, Países Bajos y Uruguay habían recomendado, respectivamente, fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva con objeto de asegurar que las mujeres pudieran acceder a servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos en todos los estados de México, e intensificar los esfuerzos para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, la información y la educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En el informe elaborado por el Estado mexicano para el Tercer Ciclo se tenían que presentar las acciones implementadas respecto a cada recomendación para mejorar la situación de los derechos humanos, pero México reportó que el cumplimiento de dichas recomendaciones se encuentra en proceso.
Específicamente en materia de aborto, señaló que con la publicación de la Ley General de Víctimas se colocó en un nivel superior la protección irrestricta de las mujeres víctimas de violencia sexual al garantizar su derecho al acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, y que al publicar la modificación de la NOM 046, el 24 de marzo de 2016, se aseguró a las víctimas la atención inmediata sin necesidad de una orden judicial; asimismo, informó que se impartieron talleres al personal de salud para difundir dicha norma.
Durante el Examen, el Estado mexicano excluyó el tema de aborto, pese a que Eslovenia había solicitado —por adelantado y por escrito— que México informara sobre las acciones llevadas a cabo para avanzar en la armonización legislativa federal y estatal para despenalizar el aborto. Aun con esta omisión por parte del Estado mexicano, ocho países emitieron recomendaciones en materia de aborto: Dinamarca, Islandia, Eslovenia y Albania se enfocaron en la armonización federal y estatal de la legislación para garantizar el acceso al aborto legal y seguro para todas las mujeres; Nueva Zelanda, Azerbaiyán y Canadá recomendaron fortalecer la legislación y las políticas para combatir la discriminación contra las mujeres y asegurar acceso igualitario al aborto legal, y Georgia recomendó despenalizar el aborto y asegurar el acceso legal a la interrupción del embarazo, al menos en los casos de incesto o amenaza de daño a la vida o salud de las mujeres.
El Subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que en México se enfrentan grandes retos en materia de derechos humanos, pero que “no hay omisión, indiferencia, ni mucho menos olvido”. No obstante, la realidad de las mujeres evidencia las grandes deudas que con ellas tiene el Estado mexicano. Ya en marzo pasado el Comité DESC mostró su preocupación por la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, que varía según las entidades federativas, generando graves discrepancias en cuanto a acceso y afectando desproporcionadamente a las mujeres con menores ingresos y pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados. En ese sentido, recomendó al Estado mexicano llevar a cabo una armonización de la legislación, eliminando la criminalización de la mujer en las entidades federativas respectivas a fin de hacerla compatible con otros derechos, incluyendo el derecho a la salud, con el objeto de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad.
La entrada en vigor de la Ley General de Víctimas y la modificación de la NOM 046, reportadas en el informe de México para el Tercer Ciclo del EPU, son avances en el fortalecimiento del acceso a servicios de salud seguros, oportunos, de calidad y gratuitos. Sin embargo, desde hace años se ha dicho que el aborto es un tema de salud pública, no un delito, y la forma de pagar las deudas que el Estado tiene con las mujeres es clara: despenalizar el aborto en todo el país y garantizar el acceso al aborto para todas, sin discriminación.
