La criminalización del aborto representa una violación a los derechos humanos, además de ser un tema de justicia social que afecta especialmente a quienes de por sí viven condiciones de marginació. Éste ha sido uno de los motores del trabajo de GIRE durante más de 25 años. Nos ha llevado, entre otras cosas, a acompañar a quienes ven obstaculizado su acceso a servicios de aborto legal en el país; a participar activamente en esfuerzos de despenalización o ampliación de causales legales en el país, y a exigir, desde diferentes espacios, el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que el Estado mexicano ha adquirido. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, el acceso al aborto legal y seguro sigue siendo un tema pendiente por el cual todavía no podemos dejar de pelear.
El pasado jueves 30 de agosto, GIRE presentó el informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México, un documento que muestra los alcances de la penalización del aborto en la vida de las mujeres en México. Para ello, incluye una radiografía del marco normativo sobre aborto en el país, así como un recuento de cifras y estadísticas públicas disponibles y la narración de casos documentados y acompañados tanto por GIRE como por otras organizaciones aliadas. Los hallazgos fueron contrastados con los estándares de derechos humanos que el Estado mexicano está obligado a cumplir, derivado de lo cual, se elaboraron recomendaciones dirigidas a diferentes autoridades.
Maternidad o castigo muestra que la penalización del aborto tiene consecuencias graves y tangibles en la vida de las mujeres. Algunos de sus testimonios se recogen en el informe: mujeres que enfrentaron maltratos al solicitar servicios de aborto legal en instituciones públicas de salud; mujeres que terminan en prisión después de un parto fortuito en las letrinas de sus casas; mujeres sentenciadas por aborto y otros delitos sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad. Los casos documentados son una muestra clara de que, aun cuando no siempre sean sometidas a un proceso penal que culmine en una sentencia de prisión, la criminalización del aborto repercute social y económicamente en la vida de las mujeres (en particular si deben cubrir el pago de multas o fianzas, e incluso pagos por reparación del daño en favor de sus parejas).
Es de destacar también que quien denuncia a las mujeres es principalmente el personal de salud, que las trata como sospechosas desde que llegan a solicitar atención por una emergencia obstétrica, sin haberles brindado la atención médica pertinente y, en ocasiones, condicionando la misma a que confiesen haberse provocado un aborto. El hecho de que el aborto sea considero un delito (con sanciones específicas para el personal de salud que pueden llegar hasta la suspensión definitiva del ejercicio profesional) contribuye a este patrón de injusticias, desinformación y violaciones a derechos humanos en el que las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad son quienes terminan por enfrentar los castigos sociales, económicos y jurídicos relacionados con el aborto.
Para la elaboración de este documento se realizaron más de 900 solicitudes de acceso a la información pública, mismas que se sistematizaron y analizaron en relación con otras fuentes públicas.[1] De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero 2015 y abril 2018 se realizaron mil 666 averiguaciones previas por el delito de aborto. Estos datos, sin embargo, no están desagregados por sexo, por lo que resulta imposible conocer cuántos corresponden a mujeres. En respuesta a solicitudes de acceso a la información, las autoridades reportaron a GIRE que durante el periodo de enero 2007 a diciembre 2016 fueron denunciadas 4 mil 246 personas por aborto: en promedio una cada día. Los cinco estados de la República Mexicana en los que se presentaron más denuncias son: la Ciudad de México, Baja California Veracruz, Nuevo León e Hidalgo. En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas. En ese periodo, 83 personas estuvieron en prisión preventiva y 53, en prisión definitiva. Algunas instancias proporcionaron información oportuna y específica e incluso permitieron acceder a versiones públicas de sentencias; otras proporcionaron información incompleta o simplemente no respondieron. Dadas las condiciones de injusticia, inseguridad e impunidad en las que se encuentra el país, no deja de sorprender la cantidad de recursos del Estado invertidos en señalar, perseguir y sancionar a las mujeres por la sospecha de un aborto inducido.
El alto precio que pagan las mujeres por la criminalización del aborto es resultado de la falta de voluntad política del Estado mexicano para cumplir los compromisos que ha adquirido, así como de los estereotipos vinculados con la maternidad que continúan permeando no solo la sociedad, sino todas las instituciones del Estado. Las historias de quienes son criminalizadas por aborto en México son testimonio de la falta de justicia reproductiva en el país, de las grandes brechas de desigualdad que subsisten y de las violaciones a derechos humanos a las que diariamente se enfrentan las mujeres. Mientras no se despenalice el aborto y se establezca como un servicio de salud legal, seguro y gratuito continuaremos conociendo estas historias. GIRE espera que Maternidad o castigo contribuya a una mejor comprensión de los patrones que sigue la criminalización del aborto en el país para combatirla y, así, garantizar que las niñas y mujeres en México puedan tomar decisiones sobre su propia vida en un marco de libertad y justicia.
@GIRE_mx
Referencia:
[1] Todas las respuestas obtenidas a partir de solicitudes de acceso a la información pública pueden consultarse en el anexo del micrositio del informe en criminalizacionporaborto.gire.org.mx.