La Policía Bancaria e Industrial, el Instituto Electoral y la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, instituciones de la Ciudad de México, vulneraron los derechos al trabajo y la seguridad social, a una vida libre de violencia, a la seguridad jurídica, así como los derechos reproductivos de tres mujeres y de sus hijas e hijos.
El pasado 26 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la Recomendación 8/2020, instrumento en el que por primera vez se pronuncia respecto de la violencia institucional perpetrada en contra de mujeres trabajadoras por el ejercicio de la maternidad. En esta Recomendación reconoció que la Policía Bancaria e Industrial, el Instituto Electoral y la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, instituciones de la Ciudad de México, vulneraron los derechos al trabajo y la seguridad social, a una vida libre de violencia, a la seguridad jurídica, así como los derechos reproductivos de tres mujeres y de sus hijas e hijos.
Mónica es una de las mujeres a quienes les fue reconocida la violación a sus derechos humanos. Ella laboraba como elemento de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México (PBI), trabajo que desempeñó adecuadamente de acuerdo con las necesidades del servicio y siempre con la aspiración de que su carrera policial fuera en ascenso.
A finales de 2017, Mónica confirmó que estaba cursando su segundo embarazo, diagnosticado como de alto riesgo por las recurrentes amenazas de aborto que presentó. Por esta razón le fueron otorgadas varias incapacidades hasta que fue colocada en el área de incapacitados del sector, lo cual implicaba que sólo percibiera su salario base, es decir, sin el salario extra de las comisiones que le eran asignadas. La drástica reducción de ingresos le generó problemas económicos que le impedían solventar sus gastos, por lo que tomó la decisión de solicitar su alta voluntaria del área de incapacitados del sector para tener la posibilidad de ser asignada a una comisión que le permitiera alcanzar mejores ingresos.
A pesar de que podía ser colocada en una comisión administrativa atendiendo a que cursaba un embarazo de alto riesgo y que este tipo de comisión no contemplaba realizar esfuerzos que pusieran en riesgo su salud, le asignaron una que le implicaba traslados de aproximadamente seis horas en trasporte público. Cuando solicitó que le asignaran una comisión cercana a su domicilio y en horario flexible, considerando su embarazo, le señalaron que si no podía ajustarse al servicio se diera de baja.
Al nacer su hija, Mónica gozó de la licencia de maternidad. Antes de que ésta terminara, solicitó la autorización de una licencia especial de maternidad denominada permiso retribuido, que consiste en otorgar a madres trabajadoras de confianza de la Administración Pública de la Ciudad de México cuatro meses y medio, contados a partir de la conclusión de la licenciad de maternidad, con goce del 100% de su salario bruto mensual. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por considerar que el presupuesto de la corporación se vería afectado. Posteriormente, el Coordinador Jurídico de la PBI le señaló que el permiso retribuido estaba dirigido a madres trabajadoras que tenían una relación laboral, requisito con el que el personal femenino incorporado a la PBI no cumplía, ya que no se consideraba que tuvieran una categoría de trabajadoras, reconociéndoles sólo una relación de naturaleza administrativa, no laboral.
Mónica se incorporó a sus labores, pero su hija presentó problemas de salud por lo que solicitó días de cuidados maternos y, posteriormente, tuvo que faltar al trabajo para privilegiar su cuidado y lactancia. Al concluir la licencia de cuidados maternos se presentó en su lugar de trabajo para recibir indicaciones y reincorporarse a laborar, pero a partir de ese momento la PBI dejó de tener comunicación con ella, colocándola en un estado de incertidumbre al no aclarar su situación laboral y retenerle el pago de su salario y prestaciones. Debido a que esta situación persistió, presentó una queja por violación de derechos humanos ante la CDHCM y GIRE la acompañó en el proceso de búsqueda de justicia.
Después de dos años, con la emisión de la Recomendación que reconoce la violencia y discriminación de que fue víctima, así como el impedimento para vivir y disfrutar plenamente su maternidad, para Mónica y su hija e hijo se materializa el acceso a la justicia y podrán acceder a una reparación integral del daño por violaciones a sus derechos humanos.
En ese sentido, la CDHCM recomendó que las instituciones involucradas –PBI incluida– realicen las acciones necesarias para impulsar la inscripción de las mujeres afectadas y de sus hijas e hijos en el Registro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para que puedan acceder a los planes de reparación integral por violaciones a los derechos humanos. De manera puntual, instó a que las instituciones informen los procedimientos administrativos que hubieran iniciado en contra de las y los servidores públicos relativos a los hechos documentados y, en caso de no haber iniciado investigaciones, pidió que dieran vista a las autoridades revisoras para la investigación correspondiente.
Asimismo, la CDHCM les solicitó que diseñen y pongan en marcha una política institucional que considere medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal con énfasis en el ejercicio de la maternidad y permisos retribuidos; que impulsen una cultura laboral libre de violencia y discriminación, y ejecuten campañas de información y sensibilización sobre derechos laborales de las mujeres.
A la fecha, Mónica se encuentra activa en la PBI, pero no le han informado de manera efectiva sobre su situación laboral, continúa sin recibir remuneración y el pago de sus prestaciones está retenido. Además, no ha podido realizar el trámite para darse de baja de la institución e incorporarse a laborar en otro lugar. Considerando que se encuentra transcurriendo el plazo para la aceptación de la Recomendación, esperamos que en los próximos días la PBI acepte los puntos recomendatorios que permitirán a Mónica acceder a la reparación integral que le corresponde.
* Alehi Balderas Sandoval (@alehbal) es Abogada de Documentación y Litigio de Casos en @GIRE_mx.
