En un sistema con reglas hechas por hombres, pensadas y diseñadas por y para ellos, las mujeres son también uno de los grupos que hoy enfrentan impactos diferenciados ante la pandemia de COVID-19. Estos no sólo tienen que ver con la violencia física, emocional y psicológica de la que pueden ser víctimas, sino con el histórico desequilibrio en la distribución de las tareas del hogar y de cuidado.
Las mujeres en México representan el 51.1% de la población total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero su acceso a derechos sigue siendo obstaculizado igual que el de otros grupos minoritarios. Según la Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares 2018, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos, 23.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). El 75% es realizado por mujeres.
Además, la participación porcentual de las mujeres en las labores domésticas y de cuidados respecto del PIB es del 17.7%, mientras que la de los hombres es del 5.8. De acuerdo con “Una ambición. Dos realidades. MX Women Matter”, un estudio publicado por McKinsey & Company en 2018, una mujer dedica casi siete horas diarias al trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedican 2.5 aproximadamente.
De hecho, la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico, este 22 de julio, nos recuerda la importancia de colocar en el ámbito público el reconocimiento del trabajo al interior de los hogares, tanto remunerado como no remunerado, y sus aportaciones económicas y sociales, así como la desigualdad en el acceso a derechos para las mujeres, debido a la subvaloración de estas labores.
Durante la pandemia por Covid-19, y ante las medidas para prevenir el contagio, se combinan diversos factores que impactan de manera diferenciada la realidad de las mujeres, entre ellos el componente digital, ya que muchas no tienen acceso a la tecnología o las habilidades para aprovecharla, lo cual puede afectar sus derechos al trabajo, la educación o la información, éste último especialmente necesario para vincularse y allegarse recursos que les puedan salvar la vida ante la violencia. La Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital señala que 300 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a internet móvil.
Acerca de estas realidades conversaron con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) Rebeca Ramos, presidenta del Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE, y Claudia Calvín, fundadora de Mujeres Construyendo, como parte del esfuerzo que hemos emprendido para visibilizar los impactos diferenciados derivados de la pandemia COVID-19 y de las medidas tomadas para reducir el riesgo de contagio.
Por ejemplo, la saturación de los servicios hospitalarios en el país ha provocado desigualdad en el acceso a derechos reproductivos, incluso en los estados donde la sola voluntad de la mujer basta para tener derecho a un aborto, como Oaxaca y la Ciudad de México. En muchos lugares no existe claridad acerca de qué instituciones de salud pueden atender temas de salud reproductiva, aunado al temor de las mujeres embarazadas para acercarse a los servicios de salud por riesgo de contagio.
Además, durante la pandemia, los embarazos no deseados producto de violaciones sexuales podrían aumentar, por lo que se requiere satisfacer la demanda de abortos por esta causal (legal en todo el país); sin embargo, no hay certeza respecto a su cobertura, además de los obstáculos que puede generar que en la mayoría de los casos los abusadores sean miembros de la propia familia. También la ciberviolencia y el ciberacoso siguen siendo una constante, y el internet, cuyo uso en este momento es indispensable y cotidiano, puede ser utilizado como herramienta para el tráfico de niños, niñas y mujeres.
A ello hay que sumar que la distribución inequitativa de las labores del hogar y de cuidados es reforzada por leyes con perspectiva androcéntrica, como el servicio de guarderías públicas, que únicamente está destinado a la mujer trabajadora, pero no a hombres que puedan tener a cargo el cuidado de sus hijos. La ampliación de las licencias de paternidad es otro gran pendiente, así como la ampliación de políticas laborales que promuevan la inclusión de las mujeres madres al mercado laboral.
Las mujeres están fungiendo también como las maestras, acompañantes o apoyo para la elaboración de tareas de sus hijos e hijas, ante el cierre de estancias infantiles y escuelas, lo cual incrementa la carga de labores de cuidado. El balance entre la vida personal y el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, comúnmente desequilibrado, hoy ha quedado desdibujado. En muchos hogares, además, los estereotipos de género siguen reproduciéndose al privilegiar a los varones en el uso de los pocos recursos tecnológicos o educativos existentes, lo que profundiza la brecha digital de género.
Por ello, ante los impactos diferenciados de la pandemia por Covid-19 en las mujeres, es necesario impulsar acciones concretas desde los sectores público, privado y de la sociedad civil con un enfoque interseccional, para lograr un acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Para la vuelta a la cotidianidad es indispensable cuestionar y replantear la normalidad, lejos de volver a ella, pues se trata de una normalidad donde se han perpetuado condiciones históricas de desigualdad que vulneran los derechos humanos de las mujeres, agravadas en este contexto.
Para vivir en una normalidad auténticamente “nueva” es imprescindible universalizar los derechos reproductivos de las mujeres, revisar las legislaciones que reproducen una visión machista, paternalista, discriminatoria o androcéntrica; replantear las masculinidades; construir espacios seguros e incluyentes para las mujeres, incluso aquellos digitales, así como garantizar su autonomía. La pospandemia debe ser una oportunidad para trabajar –siempre tomando en cuenta la opinión y la perspectiva de las mujeres– en un modelo más justo y equitativo de las responsabilidades en los hogares, pero también para replantear la lógica de las relaciones de trabajo a distancia, mediante políticas laborales que se enfoquen en la eficiencia y eficacia sin olvidar el bienestar de las personas trabajadoras.