Más de veinte organizaciones creamos el Observatorio Género y COVID-19 en México, para dar seguimiento a los obstáculos para la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres en el contexto de la crisis sanitaria.
Como una iniciativa que busca dar seguimiento a los obstáculos para la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres en el contexto de la crisis sanitaria, más de veinte organizaciones nos reunimos para crear el Observatorio Género y COVID-19 en México. Esta suma de esfuerzos tiene la finalidad de visibilizar cómo la pandemia ha afectado la vida de las mujeres de distintas poblaciones y en diferentes ámbitos, y mostrar las contribuciones de la sociedad civil para la creación de futuros donde la igualdad de género y la justicia sean el marco de acción en la nueva normalidad.
La pandemia ha aumentado las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y ha mostrado que el confinamiento incrementa la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. En los primeros dos meses de confinamiento incrementaron en más de 80% las llamadas y mensajes de solicitud de apoyo a causa de violencias de género y en el primer mes fueron asesinadas más de 300 mujeres, niñas y adolescentes que cohabitaban con su agresor. El aumento en el número de llamadas y atención a mujeres en casos de violencia en el hogar es una realidad invisibilizada por parte de diferentes instancias. Estas llamadas revelan que las mujeres se encuentran, además, en un riesgo constante de adquirir VIH. La apertura de programas de contención y apoyo psicológico profesional en línea por parte de organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para enfrentar esta situación.
Las brechas para acceder al aborto seguro se han profundizado pues los riesgos de contagio limitan el, de por sí precario, acceso al aborto. Para llenar los vacíos del Estado, redes y organizaciones de la sociedad civil brindan acompañamiento de aborto seguro y realizan conversatorios, blogs y videos sobre el tema como servicio esencial en tiempos de COVID-19. Por otro lado, existe incertidumbre sobre la distribución suficiente y oportuna de métodos anticonceptivos y las mujeres, embarazadas y no embarazadas, acuden menos a los servicios de salud también por miedo a posibles contagios.
Las mujeres, que representan 5% de la población penitenciaria, se encuentran en vulnerabilidad ante la pandemia por el hacinamiento y por carecer, más que los hombres, de algunos servicios como los de salud. La población con discapacidad que vive en instituciones psiquiátricas, casas hogar, orfanatos y albergues corre grandes riesgos de contraer COVID-19 y morir debido al confinamiento, el hacinamiento y la falta de medidas de higiene en estos espacios. La pandemia ha hecho más evidentes las necesidades no atendidas de esta población y la falta de apoyos y de servicios en la comunidad.
Las mujeres de la población callejera están viviendo discriminación, escasez de alimentos y de trabajo; se enfrentan al aumento de la violencia por parte de la policía, a detenciones arbitrarias y a los operativos de limpieza social, además del riesgo constante de que les quiten a sus hijas e hijos. Las mujeres indígenas y afromexicanas se sufren el aumento de la violencia de género, el recorte en los recursos asignados a las Casas de la Mujer Indígena y la falta de información con pertinencia cultural y lingüística. La sociedad civil ha realizado un importante trabajo de articulación nacional y regional para fortalecer liderazgos y procesos organizativos, y mejorar la situación de estas mujeres.
La precariedad de las mujeres migrantes y refugiadas se ha agudizado por la violencia, la dificultad de encontrar trabajo o la pertenencia al sector de trabajo informal, el retraso en sus procedimientos legales y la falta de acceso a derechos básicos. La gestión de recursos y espacios de ayuda humanitaria, así como la generación y difusión de materiales informativos con teléfonos de emergencias para la atención de esta población han sido contribuciones de algunas organizaciones. Por otro lado, las condiciones de informalidad en las que se encuentran las trabajadoras del hogar se han agudizado, ocasionando despidos injustificados, reducciones de sueldo o suspensiones indefinidas de su trabajo. Ante esto, algunas organizaciones les brindan acompañamiento, asesoría y capacitación sobre sus derechos laborales.
La discriminación y las barreras estructurales que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQA+ impactan en el acceso, la calidad y la disponibilidad de la atención médica que reciben. Esto resulta preocupante y relevante en el marco de la pandemia ya que podría inhibir que acudan a los servicios de salud o compartan toda la información relevante para un adecuado tratamiento médico.
Las limitaciones de la organización actual del cuidado también han sido exhibidas por la pandemia. Las mujeres y niñas responsables de esta labor al interior de los hogares cargan con la atención de personas enfermas por COVID-19 o con los cuidados que se han derivado del cierre de escuelas y centros de trabajo. En el mediano y largo plazo, el Estado debe invertir en una estrategia nacional de cuidados que reconozca el derecho al cuidado, y reduzca y redistribuya esta carga de trabajo en las mujeres.
Monitorear, evaluar y difundir el impacto de la pandemia es urgente, pero también es importante dar a conocer las aportaciones de cada una de las organizaciones que integramos el Observatorio, de cara a las nuevas problemáticas y en reconocimiento a la labor que desde antes del COVID-19 realizamos a favor de los derechos de las mujeres. A partir de nuestra experiencia ponemos sobre la mesa diversas recomendaciones y trabajamos para contar con medidas específicas ante las posibles violaciones a derechos humanos producto de las políticas implementadas por el Estado frente a la emergencia sanitaria. En la creación de un país más justo e igualitario, vamos juntas. Conócenos aquí.
