El pasado 30 de noviembre, el Estado de El Salvador fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsable por la detención, condena y muerte de Manuela, una mujer salvadoreña de escasos recursos que, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue condenada a prisión por homicidio agravado.
El aborto por violación está contemplado en todo el país, pero personal de salud y algunos juzgadores desconocen la obligatoriedad de la legislación vigente o no la implementan, obstaculizando el acceso a este servicio.
La demanda interpuesta por el movimiento Causa Justa pone nuevamente en el discurso público el aborto como un asunto de justicia reproductiva, pues si bien la IVE aplica para todas las personas gestantes, las barreras que prevalecen afectan a las mujeres y niñas de manera diferenciada al no garantizar el acceso en condiciones de igualdad para todas.
Con el caso de Silvia y Sara por segunda vez se evidencia que el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” vulnera derechos humanos al negar el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
Margarita tuvo que esperar casi seis años para obtener una sentencia que reconociera las violaciones a derechos humanos que vivió, y dos años más para obtener una medida de reparación del daño; es decir: ha pasado casi ocho años en búsqueda de justicia.
La serie “Hablemos de nosotras” ha sido una maravillosa oportunidad para abordar las discusiones del máximo tribunal del país en torno al aborto y contar con la participación de especialistas cuyas reflexiones abonan a la construcción de un país que proteja y garantice los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
A un año de la reforma que hizo posible que todas las personas trabajadoras del IMSS tuvieran derecho a los servicios de guardería para sus hijas e hijos, es importante insistir en que los servicios de cuidado infantil deben estar disponibles para todas las madres y padres que trabajan, independientemente de si lo hacen en el sector formal o informal.
En 2017, la SCJN determinó la inconstitucionalidad del límite de edad establecido en el Programa de Reproducción Asistida del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. El 4 de agosto de 2021 el Programa actualizó el manual de procedimientos, pero mantiene el límite de edad declarado discriminatorio y violatorio de derechos humanos.