Durante dos décadas de proyectos conjuntos, estrategias compartidas y suma de esfuerzos, andar ha contribuido en procesos clave en torno a la lucha por el aborto legal y seguro: su labor fue fundamental en la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
El Congreso de Durango aceptó la iniciativa presentada por colectivas a favor del derecho a decidir para despenalizar el aborto en el estado, con el apoyo de más de siete mil firmas ciudadanas.
El informe «Sin reparación no hay justicia. Obstáculos para la reparación integral por violaciones a derechos humanos en México» pone en tela de juicio la capacidad del Estado mexicano para cumplir sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos.
La Corte Suprema de Estados Unidos está llamada a determinar si todas las prohibiciones de los abortos electivos antes de la viabilidad son inconstitucionales, como lo señala el famoso caso de Roe v. Wade.
En 1992 un grupo de cinco amigas vieron la necesidad de trabajar los argumentos bioéticos, sociales y legales para posicionar el aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Desde entonces, nuestro trabajo se ha consolidado y hemos extendido nuestro campo de acción a otras temáticas que tienen que ver con el ejercicio de los derechos reproductivos.
El 2021 no se asomaba como un año prometedor. El proceso electoral que ya estaba en marcha amenazaba con interrumpir los procesos legislativos en curso para dictaminar las decenas de iniciativas aún vigentes que buscaban despenalizar el aborto, e implicaba que a partir de septiembre regresaríamos al punto de partida con las nuevas legislaturas. Pero Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima dieron la sorpresa.
El pasado 2 de diciembre, el Hospital Integral de la Mujer del estado de Sonora ofreció una disculpa pública a Valeria e Iván como parte de una reparación integral por haberles negado hace dos años un aborto por inviabilidad del producto y riesgo para la madre. Esta es su historia.
El pasado 30 de noviembre, el Estado de El Salvador fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsable por la detención, condena y muerte de Manuela, una mujer salvadoreña de escasos recursos que, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue condenada a prisión por homicidio agravado.
El aborto por violación está contemplado en todo el país, pero personal de salud y algunos juzgadores desconocen la obligatoriedad de la legislación vigente o no la implementan, obstaculizando el acceso a este servicio.