Un Juez de Distrito determinó que ninguna mujer, persona gestante, niña, adolescente o personal de salud que haya recibido asesoría por parte de GIRE, CAFIS u ODESYR podrá ser criminalizada por aborto en el estado de Puebla.
A un año de la despenalización del aborto en Baja California es imprescindible que el Estado garantice el acceso y las condiciones para que el aborto sea asequible para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, y que se generen campañas de información con perspectiva de género y sin estigma para que la población sepa que el aborto está despenalizado.
La Opinión Consultiva de la CoIDH sobre personas privadas de la libertad es una oportunidad perdida para el movimiento por la justicia reproductiva de las personas con capacidad de gestar. Pero no desistiremos.
Las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para acceder a los servicios de salud reproductiva y es frecuente que sufran violencia obstétrica: en muchas ocasiones son forzadas a interrumpir sus embarazos, obligadas a utilizar algún método de anticoncepción temporal o permanente y sometidas a procedimientos de esterilización no consentida.
Que la espera y los anhelos de justicia de esas niñas que algún día fueron Fátima, Lucía, Norma, Camila y Susana se vuelvan realidad, y que se reconozcan las maternidades forzadas en niñas como una violación a los derechos humanos.
La historia de esta organización es una historia a muchas voces: las activistas feministas y las colectivas jóvenes, las académicas y las legisladoras, las médicas, las abogadas y las fundaciones, las periodistas y todas las personas que han unido su voz a este tejido para mostrar lo que ha sido GIRE.
Las acompañantes de aborto han desempeñado un papel fundamental en el movimiento, con su trabajo activo han socializado información y permitido que miles de mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso al derecho a decidir.
Celebramos avances en materia de aborto gracias a que las colectivas locales no quitaron el dedo del renglón. Siempre reconoceremos su creatividad, valentía y entrega para materializar el derecho a decidir de todas las mujeres y personas gestantes en sus estados.
Los datos de la ENDIREH 2021 son indicativo de que la violencia obstétrica es un problema de violación a los derechos humanos en el espacio de los servicios de salud, y no de una situación excepcional o esporádica.
