El nuevo gobierno sigue haciendo caso omiso a la exigencia de contar con políticas públicas que arranquen de raíz la idea de que las mujeres son las principales responsables de las labores del hogar y de cuidados.
Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que ponen a las mujeres con alguna discapacidad en riesgo de sufrir violencia sexual, particularmente dentro de instituciones, es fundamental que el Estado garantice su integridad, y en los casos de violencia, que asegure el acceso irrestricto a la interrupción del embarazo.
Trump ha bloqueado el acceso de Planned Parenthood a 266 millones de dólares, lo cual dejará sin servicios de salud reproductiva a las poblaciones más vulnerables, como las mujeres latinas y negras.
La violencia obstétrica es una negación clara de derechos y de justicia, una violación de los derechos de las mujeres perpetrada por el Estado a través de las instituciones de salud y, en consecuencia, una violación constitucional alcanzable a todo el marco de tratados y del sistema convencional de derechos humanos al cual México forma parte.
La CNDH ha tenido muchos ciclos, unos mejores que otros. En los hechos, las restricciones presupuestarias y la falta de acuerdos políticos sí hacen mella en su autonomía. Hoy en día la CNDH debería pensar en reformarse en su ejecución, en el día a día, no con reformas legales.
El discurso mediático sigue sin reconocer que las mujeres viven con miedo, que el peligro las acecha tanto en los espacios públicos como en los privados, porque quienes agreden no sólo se encuentran en el ámbito familiar o laboral, sino que forman parte de las instancias cuya obligación es terminar con la ola de violencia que aqueja a las mujeres en la vida cotidiana.
Estamos lejos de ver el fin de estas protestas porque amaneció, las paredes se pintaron, los vidrios se repusieron, pero las desaparecidas y asesinadas no volvieron.
La Corte ha emitido un mensaje a favor de los derechos reproductivos: el Estado debe garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en caso de violación, con toda rapidez y sin imponer ningún requisito.
En GIRE utilizamos las solicitudes de acceso a la información y datos públicos para realizar informes con los que se conozca la realidad de aplicación de los derechos reproductivos a nivel nacional, estatal y a veces municipal.
