Que la espera y los anhelos de justicia de esas niñas que algún día fueron Fátima, Lucía, Norma, Camila y Susana se vuelvan realidad, y que se reconozcan las maternidades forzadas en niñas como una violación a los derechos humanos.
La historia de esta organización es una historia a muchas voces: las activistas feministas y las colectivas jóvenes, las académicas y las legisladoras, las médicas, las abogadas y las fundaciones, las periodistas y todas las personas que han unido su voz a este tejido para mostrar lo que ha sido GIRE.
Las acompañantes de aborto han desempeñado un papel fundamental en el movimiento, con su trabajo activo han socializado información y permitido que miles de mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso al derecho a decidir.
Celebramos avances en materia de aborto gracias a que las colectivas locales no quitaron el dedo del renglón. Siempre reconoceremos su creatividad, valentía y entrega para materializar el derecho a decidir de todas las mujeres y personas gestantes en sus estados.
Los datos de la ENDIREH 2021 son indicativo de que la violencia obstétrica es un problema de violación a los derechos humanos en el espacio de los servicios de salud, y no de una situación excepcional o esporádica.
Para GIRE, la apuesta por la justicia reproductiva implica adoptar una mirada que reconozca no sólo las brechas de género que persisten, sino otras formas de opresión históricas, como el racismo, el capacitismo, la xenofobia y la transfobia, en un contexto marcado por diferentes formas de violencia y discriminación, así como crisis ambientales, sanitarias y económicas.
El pasado 11 de julio, Laura y Sergio recibieron una disculpa pública por parte de autoridades del Hospital “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, por negativa de aborto. Les compartimos un texto en el que ella cuenta su experiencia.
Resulta preocupante y decepcionante que después de décadas en las que el aborto fue un derecho protegido, ahora las mujeres en Estados Unidos tengan que buscar alternativas para interrumpir sus embarazos sin dejar rastros, incluso en la red, que puedan ser utilizados en su contra.
La sentencia de la SCJN abrió la puerta para exigir al Estado servicios de aborto legal y seguro más allá de las causales ya reconocidas en la legislación mexicana, y ha sido un factor muy importante en los procesos de despenalización del aborto voluntario en Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.
