En tiempos de COVID 19 la partería vuelve a ser tema de conversación en lo público y en lo privado, pero tendría que ser un tema de política pública que conviene abordar más allá de la coyuntura, sobre todo si urge garantizar los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto.
El miedo a los contagios y la preocupación por no ser atendidas o ser víctimas de violencia obstétrica han provocado que las mujeres embarazadas reconsideren sus opciones para poder hacer efectivo su derecho a recibir atención oportuna y de calidad durante la gestación y el parto. En el contexto de la pandemia COVID 19, la partería es una de las opciones para prevenir situaciones de maltrato y evitar que la salud de las mujeres y la de sus hijas e hijos se ponga en riesgo, además de ser una vía para contrarrestar la saturación hospitalaria que mantiene en crisis al sistema de salud.
En este periodo de distanciamiento social y permanencia en casa, para quienes tienen el privilegio del internet la vida transcurre en la web, lo cual permite el acceso a todo tipo de información, incluida la relacionada con el binomio partería y salud reproductiva. Por un lado, las mujeres embarazadas cuentan con clases de preparación al parto, apoyo emocional, aclaración de dudas, contacto y consultas con parteras; por otro, las redes sociales están siendo un espacio para dar visibilidad a la partería: las mujeres comparten sus experiencias de parto en casa o en casas de partería, y las parteras difunden su trabajo, explican los beneficios de la atención que brindan y comparten sus saberes.
En tiempos de COVID 19 la partería vuelve a ser tema de conversación en lo público y en lo privado, en encuentros formales e informales, en foros con especialistas y en charlas entre amigas, en transmisiones en vivo por Instagram y Facebook. Pero tendría que ser un tema de política pública que conviene abordar más allá de la coyuntura, sobre todo si urge garantizar los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto.
Con frecuencia, en los hospitales se niega o retrasa la atención a las mujeres que acuden en trabajo de parto, se les trata con groserías, regaños, burlas o insultos, no se les explican con claridad los procedimientos para los cuales se les solicita consentimiento o se les presiona para obtenerlo, además se les realizan prácticas invasivas, como el rasurado o las cesáreas innecesarias y no se respeta su privacidad.
Durante mucho tiempo, estas prácticas han parecido insignificantes, sutiles y normales, pero es necesario identificarlas como un tipo de violencia en contra de las mujeres que causa daños físicos y psicológicos y, en algunos casos, la muerte de la mujer y de su hijo o hija: se trata de violencia obstétrica y constituye una violación a los derechos humanos. Esta violencia está tan extendida por todo el mundo que —en julio del año pasado— la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, presentó un informe en el que la identifica como una práctica generalizada y arraigada en los sistemas de salud y, por primera vez, la ONU reconoció tanto su existencia como su gravedad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, más de mil mujeres al día sufren violencia obstétrica y esta situación podría recrudecerse con la actual crisis sanitaria. Si antes del COVID 19 el sistema de salud ya presentaba problemas estructurales que derivaban en acciones u omisiones constitutivas de violencia en contra de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, con la pandemia se exacerba el riesgo de que la atención se retrase o se niegue y vulnere los derechos humanos.
Si los hospitales públicos —donde pare la mayoría de las mujeres en México— no cuentan con los recursos materiales ni humanos para enfrentar la crisis generada por la pandemia, ¿cómo se garantizará el derecho a la salud de las mujeres embarazadas? ¿De qué manera todas las mujeres que se encuentran próximas a parir podrán ejercer su derecho a una atención oportuna y de calidad, y con respeto a sus derechos humanos?
En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado y de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Partera, habría que recordar que las competencias de las parteras abarcan el cuidado y acompañamiento del embarazo, la detección de embarazos con complicaciones para su control y referencia, la atención de partos fisiológicos, la provisión de cuidados a las y los recién nacidos, la promoción de la lactancia materna, la detección de complicaciones posparto y la consejería en servicios de anticoncepción. Las parteras son personal capacitado para atender la salud reproductiva de las mujeres, su labor y sus conocimientos benefician no sólo a las embarazadas, sino a las y los recién nacidos, incluso al personal de salud que hoy en día requiere ser relevado en la atención de los partos de bajo riesgo.
Volteemos la mirada a las parteras, reconozcamos su contribución en la promoción y defensa de los derechos reproductivos y valoremos las experiencias de las usuarias de la partería. Para afrontar la situación actual necesitamos más personas calificadas para hacer posible que las mujeres, con embarazos de bajo riesgo, tengan partos seguros y respetados. Recibir la atención de las parteras debería ser una opción para todas las mujeres, en cualquier lugar y circunstancia, no sólo en tiempos de COVID 19 ni porque —irremediablemente— haya que parir fuera de los hospitales para estar a salvo.
* Dunia Campos (@DuniaVerona) es responsable de contenidos de @GIRE_mx.