El 79 por ciento de quienes se dedican a la enfermería en México son mujeres, que han quedado altamente expuestas al contagio por COVID 19.
Durante la pandemia por COVID-19, el personal de salud enfrenta obstáculos para ejercer sus derechos al trabajo y a la salud al laborar en condiciones de vulnerabilidad caracterizadas por las jornadas extenuantes, los bajos salarios, la falta de seguro médico y de equipos de protección personal, además de sufrir ataques físicos y verbales, y no contar con la posibilidad de estar cerca de su familia.
En mayo de este año, Amnistía Internacional publicó el informe El costo de curar. Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el Covid-19 y más allá, en el que presenta algunas situaciones que padecen los y las trabajadoras de los servicios de salud, relativas al derecho a condiciones justas, seguras y favorables en el trabajo, y la manera en que éstas se vinculan a los derechos a acceder a la información y a expresarse libremente como elementos cruciales para proteger el derecho a la salud. Asimismo, explora acciones clave que los Estados pueden y deben tomar para abordar las deficiencias que han puesto al personal de salud en situación de vulnerabilidad, y expone las obligaciones de los Estados respecto a garantizar el suministro de material médico.
El personal de salud es un grupo que ha quedado altamente expuesto al contagio, sobre todo las mujeres: 70% de quienes trabajan en el sector salud en América Latina y 79% de quienes se dedican a la enfermería en México. Estas mujeres se encuentran en la primera línea de respuesta a la pandemia por COVID-19, tanto en la atención directa de las personas que acuden a los servicios médicos, como en otras actividades dentro de las unidades de salud; sin embargo, sus condiciones laborales están siendo aún más precarizadas, pues se han reducido sus garantías laborales y la conciliación entre su vida laboral y su vida familiar es prácticamente imposible.
Enfermeras, trabajadoras sociales y personal de intendencia enfrentan múltiples desigualdades, en particular el personal de limpieza que, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, además de la precaria seguridad física, tiene condiciones de contratación diferentes al resto del personal debido a que los servicios de limpieza suelen subcontratarse a empresas ajenas a los hospitales.
Amnistía Internacional señala que en varios países el personal de salud ha sufrido hostigamiento y estigmatización que se materializa en prácticas como la negación del transporte, el señalamiento en su comunidad, agresiones físicas y amenazas de muerte. En México, un informe de la Secretaría de Gobernación muestra el patrón de la violencia ejercida contra el personal de salud: rociar a la persona con algún líquido de limpieza (frecuentemente cloro), así como negar acceso a unidades de transporte público o comercios. Las más graves son amenazas de muerte, una de ellas con arma de fuego.
Después de que se difundieron las agresiones, principalmente en contra del personal de enfermería, Fabiana Zepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social, participó en la conferencia que todos los días ofrece el gobierno mexicano para informar la situación de la pandemia, en la que hizo un llamado a la solidaridad y al cese de agresiones, además de explicar lo que sucede con sus compañeros de trabajo, quienes han tenido que dejar casa, familia y hasta la vida por cumplir con su labor en las unidades hospitalarias.
Entre las acciones que desde la sociedad civil se realizan a favor de los derechos del personal de salud en México, se encuentran la visibilización de las diferentes formas de violencia que viven las mujeres que forman parte de los servicios de salud, y la articulación mediante la red nacional Nosotras tenemos otros datos, que responde a las omisiones del Estado para diagnosticar, planificar, presupuestar, evaluar e implementar una política pública transversal desde la perspectiva de género.
Por su parte, Amnistía Internacional, como homenaje a todas las personas trabajadoras de la salud que han perdido la vida en esta pandemia y a quienes siguen arriesgando su vida y su seguridad, formula algunas recomendaciones a los Estados, entre ellas: la adopción de medidas para reforzar el derecho a unas condiciones laborables seguras para los y las trabajadoras de la salud; la implementación de disposiciones para proteger a quienes denuncian irregularidades en el sector de la salud, y el reconocimiento público del carácter esencial de la labor del personal sanitario, no sólo en la pandemia por COVID-19 sino más allá de ella, incluido el personal de limpieza, el de transporte de hospitales y centros de salud, y el de alimentación y mantenimiento de los hospitales.
Para garantizar la salud de la población es indispensable proteger los derechos de los y las trabajadoras de los servicios de salud. En este sentido, es obligación de los Estados llevar a cabo las acciones necesarias para atender las deficiencias que colocan al personal sanitario en condiciones de vulnerabilidad, a fin de resguardar su salud física y mental, y prevenir la violencia en su contra.