El razonamiento del PIN parental es que los padres pueden educar a sus hijos conforme a sus convicciones y que esto está por encima del derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación. Esta idea es, sin duda, una violación a sus derechos humanos.
A finales de enero comenzaron a presentarse iniciativas para reformar leyes de educación en las entidades federativas de México. Su objetivo es obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, y recabar su autorización explícita para que sus hijas e hijos menores de edad participen en dichas actividades. Esto es conocido como PIN parental, un veto que se pretende otorgar a madres y padres para que impidan el acceso de sus hijas e hijos a este tipo de contenidos, lo que sin duda viola el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.
El PIN parental es una figura que surgió a principios de este año en España como propuesta del partido de extrema derecha VOX —conocido por su ideología y propuestas xenófobas, ultranacionalistas, machistas y homofóbicas—. Contempla que dicha autorización expresa se recabe por escrito y que no se puedan establecer sanciones o efectos negativos de cualquier índole a los educandos por la decisión adoptada.
En México, con una estrategia simultánea y articulada, ha sido una propuesta de legisladores del Partido Encuentro Social (PES) en Nuevo León y Querétaro, y del PRI en Chihuahua, con apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena. Todas estas iniciativas se encuentran aún bajo estudio y en proceso de dictaminación. Llama la atención que la redacción propuesta en las tres entidades federativas sea idéntica —incluyendo errores gramaticales—, lo que sugiere una misma autoría, aunque existan diferencias en el proceso o estrategia legislativa que se ha seguido.
Caso aparte es Aguascalientes, que de manera expedita —el proceso legislativo entre la presentación de la iniciativa y la publicación del Decreto en el Periódico Oficial duró sólo 18 días— aprobó una nueva Ley de Educación que incluye el PIN parental, aunque no lo denominan de esa manera.
En la nueva Ley de Educación de Aguascalientes se privilegió la participación de las madres y los padres de familia en el Sistema Educativo Estatal (en contradicción con lo establecido en la Ley General de Educación). Se estableció también la obligación de las autoridades educativas estatales de informarles previamente sobre el contenido de programas, cursos, talleres y cualquier actividad análoga que verse sobre moralidad, sexualidad y valores, concediéndoles la facultad de consentir, o no, la asistencia de los menores a dichas actividades.
El PIN parental representa una serie de problemas y violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque:
El Estado tiene el deber de proteger a las niñas, niños y adolescentes sin afectar su autonomía, y garantizar que accedan a información y educación —incluida la sexual— sin verse limitados por terceros. Que los padres y madres puedan vetar contenido educativo menoscaba su derecho a recibir educación laica y científica y a acceder de manera efectiva a contenido que les permita tomar decisiones de manera libre e informada acerca de su vida, además desconoce su autonomía progresiva para hacerlo.
El razonamiento del PIN parental es que los padres pueden educar a sus hijos conforme a sus convicciones y que esto está por encima del derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación. Esta idea es, sin duda, una violación a sus derechos humanos. En esto coinciden diversas agencias de Naciones Unidas, quienes han expresado su preocupación y reprobación al PIN parental. Las agencias resaltan que, si bien los adultos son los responsables de la crianza y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, esto no debe limitar que ejerzan plena y prioritariamente sus derechos, tal como se establece en la Convención de los Derechos del Niño, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño y la LGDNNA.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó a las Legislaturas el derecho de la niñez y las adolescencias a un desarrollo integral y al libre desarrollo de la personalidad, en el que se les visualice como personas con derecho a la protección de su salud en todas las áreas –física, psicológica y sexual–, y urgió a los Congresos y Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a proteger y garantizar esos derechos ante las acciones que pretendan su negación o limitación. Asimismo, reiteró la obligación de todas las personas servidoras públicas de cumplir con el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Un punto clave para rechazar el PIN parental es que no reconoce la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes, quienes son sujetos de derechos y no objetos de protección. La mediación adulta debe ser proporcional a la autonomía de las personas menores de edad —quienes deben ejercer sus derechos con libertad, según su edad y grado de desarrollo—. La obligación del Estado es proteger sus derechos y las escuelas deben ser espacios diversos e incluyentes donde se fomente la igualdad y el desarrollo de sus capacidades.
