En las Américas estamos viviendo una gravísima crisis de derechos humanos que impacta en la democracia y el estado de derecho. En este marco, los derechos de las mujeres son violentados sistemáticamente, en particular, el derecho a la salud en el marco de la reproducción. Las violaciones a los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres se ven reflejadas en el acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva y en la impunidad del Estado, situaciones que restringen la participación de más de la mitad de la población en la sociedad y la democracia. En América Latina y El Caribe, todos los días hay niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a las que les son negados los servicios de aborto legal y seguro, tras lo cual son obligadas a ser madres o a morir por abortos inseguros. Paralelamente, las mujeres con embarazos deseados sufren de tratos crueles inhumanos y degradantes en la sala de parto.
Pese al reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo, y a su incorporación en las normas nacionales e internacionales, la realidad para las mujeres de la región sigue siendo otra.
Los Estados no sólo han sido incapaces de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia sino que reproducen leyes, políticas y prácticas contrarias al ejercicio de nuestros derechos.
De los 9 países en los que se penaliza totalmente el aborto, 7 están en la región de las Américas: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Chile, Honduras, Haití y Surinam. Además, de acuerdo con la OMS, el 21% de las muertes maternas se atribuyen al aborto inseguro y somos la única región en la que los abortos inseguros van en aumento.
Las organizaciones de la sociedad civil llevamos más de 20 años visibilizando que las leyes de aborto altamente restrictivas no están asociadas con tasas de aborto más bajas; por el contrario, perpetúan patrones de estigma y discriminación; crean barreras de acceso a servicios de salud para las mujeres y de acceso a la justicia; ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres y afectan desproporcionadamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes, de escasos recursos, a las mujeres que viven con VIH y a las adolescentes. El impacto ha sido aún más grande frente a la crisis de zika. Sin embargo, los Estados han hecho caso omiso respecto a su obligación de proveer este servicio para las mujeres.
En el caso de los países que cuentan con causales a través de las cuales las mujeres pueden acceder a una interrupción legal del embarazo, la realidad no es muy diferente. La implementación es un reto constante ya que las mujeres se enfrentan a autoridades que las revictimizan y les niegan el acceso a los servicios al exigirles requisitos o documentos no establecidos por ley.
La violencia sexual es un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. Los Estados han incumplido en su responsabilidad de prevenir y atender esta forma de violencia, ya que actualmente, somos la única región donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años. En el caso de México, 4 de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de 15 años y somos el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE. En Perú 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes. En Guatemala, diariamente se registran 5 embarazos de menores de 14 años. En Nicaragua, 8 de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años. En Ecuador, entre 2002 y 2010, los partos en niñas de 10 a 14 años han aumentado 78%. A pesar de estos escalofriantes datos, países como Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile, República Dominicana, El Salvador y Guatemala continúan ejerciendo violencia institucional en contra de niñas y mujeres al negarles el acceso al aborto.
Paradójicamente, en la región el discurso acerca de la supuesta “protección de la vida” no se ha traducido en una exigencia respecto a la provisión de servicios de salud para las mujeres que tienen embarazos deseados.
Las salas de parto siguen siendo una tumba, ya que ningún país estuvo en condiciones de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de disminuir un 75% la mortalidad materna para 2015. A pesar de que ha habido una reducción, ésta no ha sido homogénea.
Las mujeres que no mueren, sufren cotidianamente violencia obstétrica, una forma de violencia institucional en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud que el Estado no sólo no previene sino que ha normalizado. Esta violencia consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause un daño físico o psicológico a la mujer, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización. Lejos de tratarse de negligencias médicas aisladas, la violencia obstétrica es un patrón que se reproduce en toda la región.
El marco discriminatorio frente a la salud reproductiva también se ve reflejado en el limitado acceso a métodos de planificación familiar, incluyendo la pastilla de anticoncepción oral de emergencia (PAE). La decisión de impedir la venta y/o acceso gratuito de la PAE, como ocurre en Perú, Costa Rica y Honduras, viola los derechos de las mujeres a tomar decisiones libre y responsablemente respecto al número e intervalo de sus hijos.
De igual manera, la discriminación que sufren las mujeres con VIH es parte de la violencia ejercida por los Estados. Siendo su expresión más violenta, la esterilización forzada. Pese a la falta de visibilidad, el 33% de las personas latinoamericanas y el 50% de las personas en el Caribe diagnosticadas con VIH son mujeres.
Desde la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos consideramos que en la región los retos persisten y son muchos. Es por ello, que se requiere que los Estados miembros redoblen esfuerzos para adoptar legislación acorde a la protección de los derechos humanos y que dicha legislación sea implementada con recursos para que tenga un verdadero impacto en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres.
[Posición de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos presentada en la Asamblea de la OEA por Jimena Soria, integrante de GIRE]