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Pruebas periciales: retos para la justicia reproductiva

julio 13, 2020

Para 2020 sólo hay registrados tres peritos especialistas en ginecología y obstetricia a nivel nacional, lo que representa un obstáculo a la hora de solicitar pruebas periciales en la tramitación de un juicio de amparo para acreditar hechos constitutivos de violencia obstétrica.

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación de derechos humanos —en concreto de los derechos reproductivos— que se genera en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud.

Al considerarse una violación de derechos humanos, las mujeres pueden recurrir a diversas vías de acceso a la justicia entre las que se encuentra el juicio de amparo. GIRE ha empleado este recurso con resultados exitosos para la atención de violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres.

Considerando que la violencia obstétrica es un problema estructural relacionado con el derecho a la salud, el Juez de Distrito, como experto en derecho, debe auxiliarse de otras disciplinas para el estudio del fondo de lo que se reclame en juicio respecto de la atención médica que recibió la mujer antes, durante y después del parto y, así, determinar si ha ocurrido o no la violación de derechos humanos.

En ese sentido y de manera general, la Ley de Amparo prevé la admisión de toda clase de pruebas durante el trámite de los juicios, incluyendo las pruebas periciales para las cuales se establece que deberán ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional y que, una vez admitidas, el Juez de Distrito designará un perito en la materia que se requiera. La designación deberá realizarse dentro de los tres días posteriores a que surta efectos la notificación del auto admisorio de la prueba pericial.

Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal publica cada año una lista de personas que podrán fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación; en esta se contemplan un sinfín de especialidades, pero ¿qué pasa cuando se requieren peritos especialistas en ginecología y obstetricia para determinar si el personal médico proporcionó una adecuada atención médica antes, durante o después del parto? La respuesta es preocupante ya que en la lista de peritos para el año 2019 únicamente había dos peritos con esta especialidad en Jalisco y Nuevo León, mientras que en la lista para el año 2020 sólo se enlistan tres especialistas en ginecología y obstetricia ubicados en Ciudad de México, Sonora y Jalisco.

Con estos datos la pregunta que surge es: ¿qué pasa cuando se requiere acreditar hechos constitutivos de violencia obstétrica mediante la presentación de una prueba pericial? El panorama es sumamente complejo, como se observa en el caso de Marcela: durante el control prenatal le indicaron que el parto se realizaría mediante cesárea considerando que su hijo pesaba 3.800 kg. Sin embargo, el personal que la atendió a finales del año 2018, cuando acudió a un hospital público del Estado de México para que atendieran su parto, no observó sus antecedentes ni estudios médicos y forzaron un parto vía vaginal lo que derivó en graves consecuencias físicas para Marcela y su recién nacido, mismas que no fueron evaluadas ni diagnosticadas oportunamente.

Acompañada por GIRE, Marcela presentó una demanda de amparo indirecto en contra del hospital que atendió su parto por la falta de atención médica adecuada y oportuna, así como la falta de evaluación y diagnóstico médico para ella y su recién nacido. La demanda fue admitida y durante el trámite del juicio se consideró oportuna la presentación de pruebas periciales en ginecología y obstetricia, así como en neonatología para que, a través del análisis de los expedientes clínicos de ambos, se determinara si recibieron atención médica adecuada o no. Sin embargo, las pruebas fueron desechadas por el Juez de Distrito por considerar que no eran relevantes para resolver en el juicio. El Juez, al emitir sentencia, determinó sobreseer el juicio al considerar que la parte quejosa no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa de hechos realizada por la autoridad responsable.

Se presentó un recurso de revisión que más tarde resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito en turno, ordenando al Juez de Distrito reponer el procedimiento y, con ello, admitir las pruebas periciales que se habían ofrecido. Si bien, esta decisión generó grandes expectativas respecto al trámite y resolución del juicio, en la lista emitida por el Consejo de la Judicatura Federal respecto de las personas que podrán fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación no se encontraban peritos especialistas en ginecología y obstetricia ni en neonatología para el Estado de México. Así, el Juez de Distrito se dio a la tarea de solicitar a diversas instancias gubernamentales y académicas para que propusieran peritos en esas especialidades. Durante cerca de seis meses, tiempo en el que no se realizó ninguna actuación en el expediente, no tuvo ningún éxito. Fue hasta marzo del presente año, y después de varias solicitudes, que una de las instancias propuso a peritos en ambas especialidades. Sin embargo, días después se declaró a nivel nacional la contingencia por la pandemia de COVID-19, lo cual paralizó las actividades de los órganos del Poder Judicial de la Federación y con ello, el caso de Marcela.

El caso de Marcela muestra los obstáculos que enfrentan las mujeres al solicitar pruebas periciales en la tramitación de un juicio de amparo para acreditar hechos constitutivos de violencia obstétrica. Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal garantice suficientes peritos en ginecología y obstetricia en cada uno de los estados de nuestro país pasa asegurar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violaciones a sus derechos reproductivos.

* Alehi Balderas Sandoval (@alehbal)  es Abogada de Documentación y Litigio de Casos en @GIRE_mx.

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