La violencia contra las mujeres se materializa en historias desgarradoras con características particulares que no pueden entenderse sin analizar la crisis generalizada de inseguridad, impunidad y corrupción que se vive en México. Los recursos invertidos para desarrollar políticas públicas dirigidas a combatir la desigualdad no han tenido un impacto real en la eliminación de los problemas estructurales que mantienen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y sin acceso a la justicia. El acoso, la violencia sexual, el maltrato y la desigualdad son problemáticas que hasta ahora se han atendido con medidas inmediatas de corto plazo que, lejos de combatir la discriminación, fomentan los estereotipos.
Se sigue partiendo de la idea de que la igualdad de género es un problema de mujeres y no un objetivo que debe estar presente de forma transversal en todas las actividades públicas de todos los niveles de gobierno. Las mujeres, que representan más de 51 % de la población, son ignoradas, invisibilizadas y humilladas por el Estado. De los 46.5 millones de mujeres que tienen quince años o más, 66.1 % se ha enfrentado a algún tipo de violencia al menos una vez en su vida. En el 41.3 % de los casos esta violencia es sexual y, en muchas ocasiones, es perpetrada por familiares, conocidos y parejas; la mayoría de estas agresiones no se denuncian por miedo, desconfianza en las autoridades y desconocimiento de los procesos que deben seguirse.
Impunidad, corrupción y desigualdad atraviesan la realidad de las mujeres y las injusticias que viven forman parte de las violaciones sistemáticas a derechos humanos que se perpetran todos los días. Con impunidad, las autoridades revictimizan a quienes han sufrido este tipo de violencia: entre 2009 y 2016 se recibieron 111 mil 413 denuncias por violación y el sistema de salud reporta haber realizado sólo 63 abortos legales por violación en el mismo periodo. Las maternidades forzadas son una de las consecuencias de la violencia sexual y para combatir esta problemática que afecta a un elevado número de niñas y adolescentes es indispensable el acceso a la anticoncepción de emergencia y al aborto legal, seguro y gratuito.
Debido a la corrupción, los servicios de salud no cuentan con los insumos necesarios para atender adecuadamente a las mujeres durante el parto, permitiendo que muchas de ellas mueran por causas prevenibles: entre 2012 y 2016 se registraron 4 mil 283 muertes maternas, es decir, 857 al año; dos al día. Para evitar estas muertes, se debe establecer un conjunto de acciones prioritarias centradas en el acceso a servicios de salud para las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres indígenas.
Asimismo, la desigualdad impacta en la vida de las mujeres y determina su acceso a los servicios de salud y el tipo de atención que reciben. Quienes pueden pagar los servicios de un hospital privado tienen menor riesgo de enfrentar la violencia obstétrica que durante el embarazo, parto o posparto sufren la mayoría de quienes acuden a las instituciones públicas, precarizadas por la corrupción y la administración ineficiente. Quienes tienen la posibilidad de viajar a la Ciudad de México logran interrumpir su embarazo legalmente, mientras que las más pobres se ven forzadas a llevar a término un embarazo no deseado, o a poner su vida y su salud en riesgo.
Está claro que las políticas “rosas” como los silbatos, los salarios, las tarjetas y los transportes exclusivos para mujeres no han cambiado nada. Lo que se necesita es asegurar que funcionen los mecanismos existentes y que los derechos humanos se garanticen. Sin las mujeres y sin mejorar sus condiciones de vida no habrá una transformación efectiva. En este sentido y dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin hablar explícitamente de los derechos de las mujeres, resulta imprescindible insistir en que su discurso sobre la violencia, la corrupción, la impunidad y la desigualdad debe incluir la realidad y las voces de las mujeres.
En el contexto del cambio de gobierno, desde GIRE reiteramos la necesidad de dejar atrás la inercia de considerar los derechos humanos de las mujeres como un asunto que puede postergarse. Insistimos en visibilizar las barreras que enfrentan en su búsqueda de igualdad y justicia y presentamos, con nuestro trabajo cotidiano, un panorama que sirve como punto de partida para hacer posible una verdadera transformación.
El nuevo gobierno debe generar condiciones para que las mujeres puedan decidir sobre su vida reproductiva en libertad y sin riesgo: acabar con el elevado número de niñas y adolescentes embarazadas, no obstaculizar el acceso a servicios de anticoncepción de emergencia y aborto por violación; dejar de criminalizar a las mujeres que abortan o que tienen emergencias obstétricas, y erradicar la violencia institucional manifiesta en el maltrato durante la atención del embarazo, parto y posparto, y que deriva en muertes maternas. Si el Estado no promueve los derechos reproductivos ni garantiza a todas las mujeres la decisión autónoma de tener hijos, cuándo y con quién, la transformación del país seguirá siendo una falacia.
