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Salud materna en Yucatán: caso Valladolid

abril 20, 2021
En 2018, Yucatán ocupó el cuarto lugar más alto en Razón de Mortalidad Materna (52.65), valor superior al indicador nacional (34.55), de por sí en niveles preocupantes. En esta entidad, la situación de pobreza, la carencia de acceso a servicios de salud y derechohabiencia, las barreras que enfrentan las poblaciones indígenas, y la prevalencia de diferentes formas de violencia obstétrica hacia las mujeres y otras personas gestantes, se suman a las condiciones apremiantes que presenta en torno a la garantía de la salud reproductiva.

El impacto diferenciado que la muerte materna y la violencia obstétrica tienen en ciertas poblaciones obliga a repensar la accesibilidad a servicios de salud adecuados fuera de las capitales estatales y enfatiza la urgencia de garantizar una atención integral a la salud con perspectiva intercultural.

Desde GIRE, presentamos Salud materna en Yucatán. El caso Valladolid, una investigación que muestra cómo ciertas iniciativas centradas en el cuidado comunitario —que ya están en marcha— podrían tener un potencial para garantizar la salud materna.

Yucatán ocupó en el año 2018 el cuarto lugar más alto en Razón de Mortalidad Materna (52.65), valor superior al indicador nacional (34.55), de por sí en niveles preocupantes. En esta entidad, la situación de pobreza, la carencia de acceso a servicios de salud y derechohabiencia, las barreras que enfrentan las poblaciones indígenas, y la prevalencia de diferentes formas de violencia obstétrica hacia las mujeres y otras personas gestantes, se suman a las condiciones apremiantes que presenta en torno a la garantía de la salud reproductiva.

Además de dedicar más recursos humanos y económicos a la atención de la salud, en este estado de la República mexicana se deben incorporar en todo momento los usos y costumbres de las poblaciones indígenas. Este señalamiento hace eco al objetivo del Programa de Atención a la Salud Materna y Perinatal que puso en marcha el Programa Estatal de Desarrollo 2018-2024, en el que se establece que todas las atenciones brindadas en el embarazo, parto y puerperio se realicen con un enfoque de derechos humanos y respeto a la cultura.

El municipio de Valladolid enfrenta retos más exacerbados de los que ya vive el resto de Yucatán: 70% de la población, según el Sistema de Información de la Secretaría de Salud, no tenía derechohabiencia en los años 2016-2018, lo que provoca un gran problema de saturación al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, 50% del personal de hospitales y clínicas de este municipio que brindan atención de primer nivel —es decir, que no tienen autorización para atender partos en general aunque sí proporcionan servicios como atención prenatal y consejería en servicios de anticoncepción y planificación familiar— reportó no contar con espacios físicos para atender embarazos de urgencia y 70% manifestó tener tan solo el equipo mínimo necesario.

Fortalecer la Red de Posadas y Transporte de Asistencia a la Mujer Embarazada (AME) —redes de servicios de salud y servicios de apoyo social para fortalecer la cobertura y calidad en la atención de las mujeres y otras personas gestantes, y garantizarles un embarazo saludable, y un parto y puerperio seguros— y respetar las obligaciones internacionales de salud e interculturalidad que el Estado mexicano ha adquirido —más allá de sexenios y gobiernos locales— son acciones fundamentales para garantizar salud materna a las mujeres en Valladolid.

Por otro lado, garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica y muerte materna en el estado de Yucatán requiere la difusión de los diversos mecanismos existentes; entre otros, la presentación de quejas: ante los órganos internos de control y las unidades de atención al derechohabiente que se encuentran en todas las instituciones públicas de salud y buscan dar cauce a las quejas de las personas que consideran que la atención que recibieron no se apega a los estándares de salud señalados en las normas oficiales; ante las comisiones de derechos humanos —la nacional, si la institución que cometió las violaciones a derechos humanos pertenece a la Secretaría de Salud federal, clínicas del IMSS o ISSSTE o el recién creado INSABI, y la local si fueron cometidas por las autoridades estatales, incluyendo clínicas y hospitales dependientes de los servicios de salud del estado—; y ante las comisiones de arbitraje médico —nacional y local— para resolver las inconformidades en la atención médica que se presentan tanto en servicios privados como en servicios públicos.

Como lo muestra el caso de Valladolid, es necesario repensar la disponibilidad de servicios de salud reproductiva fuera de las capitales de las entidades federativas; mirar la composición y características de la población —en este caso, mujeres indígenas maya hablantes— y contrastar los niveles de incidencia de muerte materna y violencia obstétrica, el rezago social y las dificultades relativas a las vías de comunicación y transporte. Y, con base en ello, implementar y/o adecuar estrategias fincadas en el cuidado comunitario —como las Posadas y el Transporte AME— para garantizar que los servicios sean efectivamente aprovechados por quienes más necesitan de ellos.

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