La muerte prevenible de una mujer durante o después del parto, sobre todo tras haber enfrentado maltrato y discriminación, es un pendiente del sistema de salud que el Estado mexicano debe atender de manera urgente.
La insuficiencia de recursos humanos, técnicos y de infraestructura, así como la saturación del personal y de los servicios, son fallas estructurales del sector salud que inciden en las muertes maternas prevenibles. En ocasiones estas fallas se combinan con conductas de maltrato y discriminación hacia las mujeres y sus familias, lo cual constituye violencia obstétrica que, según la ENDIREH 2016, la han vivido 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto en México.
En muchas localidades, los hospitales y centros de salud tienen una inadecuada localización geográfica, lo que ocasiona que las mujeres —sobre todo indígenas— se vean obligadas a hacer largos trayectos para recibir atención médica, lo que se traduce en tiempo que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, la saturación de los hospitales de segundo y tercer nivel afecta la calidad de la atención médica, dificulta la respuesta ante emergencias obstétricas y repercute en la incidencia de casos de violencia obstétrica y muerte materna.
El Estado tiene la obligación de promover legislación y políticas públicas encaminadas a transformar el sistema de salud para garantizar atención obstétrica de calidad que erradique la recurrencia de estos casos; sin embargo, las violaciones a derechos humanos que sufren las mujeres en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto evidencian la falta de estrategias y mecanismos para difundir estas problemáticas desde una perspectiva de derechos humanos y como una política permanente, no como una acción coyuntural.
La reducción y erradicación de casos de violencia obstétrica y muerte materna presenta grandes retos. Si bien en México existen ciertos avances como el reconocimiento del concepto de violencia obstétrica en la mayoría de los marcos normativos locales, las mujeres siguen enfrentando un continuum de violencias que en ocasiones deriva en muertes prevenibles. Por ello, dicha problemática requiere acciones que transformen de manera sistemática la manera en que se concibe la atención de la salud reproductiva de las mujeres.
La muerte prevenible de una mujer durante o después del parto, sobre todo tras haber enfrentado maltrato y discriminación, es un pendiente del sistema de salud que el Estado mexicano debe atender de manera urgente. La muerte materna afecta de manera desproporcionada a quienes viven situación de pobreza, a quienes no cuentan con acceso a seguridad social y a las mujeres indígenas, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación: falta de acceso a los servicios de salud, ausencia de intérpretes que les permitan otorgar un consentimiento informado con respecto a los procedimientos médicos a los que se someten, así como maltratos y abusos.
El caso de Gelleli, acompañado por GIRE, es un ejemplo de cómo las fallas estructurales del sector salud tienen un impacto diferenciado en mujeres que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Gelleli era una mujer mazateca que vivía en Jalapa de Díaz, Oaxaca. Tenía 24 años y cursaba su segundo embarazo. Al sentir malestar durante la semana 40, acompañada de su pareja, acudió a la Casa de Salud del municipio. Ahí le indicaron que requería atención médica urgente, por lo cual debía acudir al Hospital General de Tuxtepec. Tuvo que buscar ayuda para trasladarse debido a que la Casa de Salud no contaba con ambulancia.
Gelleli llegó al Hospital de Tuxtepec a las 6 de la tarde, pero la atendieron hasta las 8 de la mañana del día siguiente. A partir de entonces no le proporcionaron información a su pareja sino hasta varias horas después, cuando le dijeron que realizarían una segunda operación porque en la cesárea le habían perforado una arteria y tenía una hemorragia interna. En ese momento, sin explicarle más, le hicieron firmar una hoja de consentimiento informado, a pesar de que él no sabía leer ni escribir en español. Le manifestaron que, de no firmar, Gelleli moriría. No volvieron a informarle acerca del estado que guardaba la salud de su pareja sino hasta la mañana siguiente, cuando le dijeron que Gelleli necesitaba ser intervenida de nueva cuenta debido a que la hemorragia no cedía. La operación implicaba una alta posibilidad de que ella muriera y, en caso de sobrevivir, no había garantía de mejoría. Tras discutirlo, Martín y la familia de Gelleli decidieron negarse a que se realizara el procedimiento. Al día siguiente, personal del Hospital les informó de su fallecimiento.
Casos como éste evidencian la necesidad de llevar a cabo acciones urgentes para reducir la incidencia de muertes maternas y violencia obstétrica. En el actual contexto de pandemia, el trabajo de base que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es fundamental para la defensa y el ejercicio de los derechos reproductivos. Por ello, desde GIRE hemos lanzado una convocatoria para OSC interesadas en implementar actividades que tengan que ver con comunicación, incidencia política, investigación o litigio y documentación de casos en el ámbito de la salud obstétrica. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de febrero y puede consultarse aquí.
Colaboremos para mejorar las condiciones que permitan a las mujeres decidir sobre su vida reproductiva, sin poner en riesgo su salud y salvaguardando sus derechos humanos.
