Por: Antonina Weber
El mundo entero está observando los abusos horríficos de derechos humanos que ocurren actualmente en la frontera de México con Estados Unidos. Contando sólo desde mayo, más de dos mil niños y niñas han sido separados de sus familias, con información que confirma que el gobierno estadounidense no tiene una política clara para reunirlos con sus familias en el futuro cercano.
Es fundamental un marco de justicia reproductiva para entender la crisis actual, ya que el gobierno norteamericano tiene una historia de implementación de políticas públicas enfocadas en las decisiones reproductivas de las mujeres con el fin de controlarlas. La separación forzada de los niños y niñas no es nada nuevo. Fue utilizada durante el periodo de esclavitud, así como con personas originarias de primeros pueblos en el territorio estadounidense, hasta bien entrado el siglo XX. No es el resultado de una política defectuosa, no es un accidente. Es una estrategia que se ha utilizado de forma repetida y que volvemos a ver en 2018.
Esta crisis representa una violación a los derechos humanos en múltiples niveles, y las atrocidades que ocurren representan un problema de justicia reproductiva. La organización Forward Together define la justicia reproductiva como:
Que todas las personas tengan el poder social, político y económico y los recursos para tomar decisiones saludables, para sí mismas y sus comunidades, acerca de su género, sus cuerpos, su sexualidad y su familia.
La organización también explica que el marco de justicia reproductiva se basa en el reconocimiento de las historias de opresión y abuso reproductivo en comunidades de color […] El tema central del marco de justicia reproductiva es enfocarse en nombrar y eliminar el control y la explotación de los cuerpos de las mujeres, la sexualidad y la reproducción como una estrategia efectiva para controlar a las personas, en particular las mujeres de color, las personas trans de color y de género no conforme (GNC) y sus comunidades.
La separación forzada es sólo una de muchas políticas actuales de los Estados Unidos que despoja a las mujeres del control de sus cuerpos y sus decisiones reproductivas, en particular a las poblaciones de mujeres más vulnerables. Aunque esta política es especialmente cruel y dañina, la administración actual ha atacado de manera recurrente los derechos reproductivos de las mujeres desde los primeros días en cargo.
Los ataques más visibles han sido contra el acceso el aborto, con una cantidad enorme de iniciativas de ley propuestas a nivel estatal, y varias de ellas aprobadas. El pasado 4 de mayo, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó una iniciativa de ley que prohíbe los abortos después de que un médico pueda detectar un latido del corazón fetal, es decir, después de las seis semanas de gestación. El resultado es que, en la actualidad, hay seis estados en los que sólo existe un proveedor de servicios de aborto.
Sin embargo, las mujeres que eligen continuar un embarazo también son privadas del acceso a servicios de salud materna de calidad. En Estados Unidos mueren más mujeres debido a complicaciones relacionadas con el embarazo que en cualquier otro país desarrollado, y las mujeres de color tienen 243 por ciento más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que sus contrapartes blancas.
Ya sea que las mujeres migrantes y sus hijos sean encarcelados por buscar asilo, o que vivan en prisiones metafóricas al ser forzadas a llevar a término un embarazo no deseado, las mujeres son controladas a través de sus elecciones reproductivas. Un marco de justicia reproductiva es una herramienta poderosa para que los y las ciudadanas puedan demandar políticas públicas que liberen a las mujeres del control que se les ha impuesto sistemáticamente durante siglos.
Hay miles de niños y niñas separadas de sus familias en la frontera. Este problema está lejos de terminar, y no es exclusivo de los Estados Unidos. Aunque una gran parte de los migrantes son centroamericanos, también hay mujeres, niños y niñas mexicanas que se han visto afectados. Como vecinos tanto de Estados Unidos como de Centroamérica, las acciones tomadas por el presidente mexicano electo serán cruciales, y deben incorporar un marco de justicia reproductiva. Como ciudadanos debemos responsabilizar a los funcionarios electos, exigiendo políticas de inmigración humanas que no separen a las familias.
Una forma de ayudar es contactar a RAICES, una organización sin fines de lucro con sede en Texas. Necesitan traductores voluntarios que hablen lenguas indígenas mesoamericanas: zapoteco, nahuatl, mam, k’iche’, maya, mixe, mixteco. Los traductores no necesitan estar en Texas. Pueden traducir de forma remota. Si puedes ayudar o saber de alguien que pueda hacerlo, escribe al correo electrónico: [email protected]
* Antonina Weber es responsable de Desarrollo de Recursos de @GIRE_mx.