A principios de abril de este año, se difundió en redes el caso de una mujer que parió frente a un hospital en Naucalpan. De acuerdo con las notas de prensa, la mujer tenía un rato de haber llegado al Hospital General de Zona 194 del IMSS, pero la mandaron a caminar y, debido a la falta de atención por parte de los médicos, el parto ocurrió en la calle. Al escuchar sus gritos, el personal del hospital salió para brindar atención a la mujer e ingresarla. Los medios de comunicación señalaban: “tanto la mujer como su bebé se encuentran estables”.
Desde 2013, cuando circuló ampliamente la noticia de una mujer que parió en el jardín anexo a un hospital en la ciudad de Oaxaca, hemos visto una y otra vez en la prensa y las redes sociales casos de mujeres que paren en condiciones que ponen en riesgo su salud y su vida, y también la de las y los recién nacidos. El tema de la violencia obstétrica ha tenido cada vez más presencia en los medios; sin embargo, en la mayoría de las notas los casos se tratan como mera nota roja sin indagar en la problemática que les da origen. Y, sobre todo, sin explicar que la falta de atención y el maltrato que enfrentan las mujeres durante el embarazo, parto y posparto es una forma específica de violencia que constituye una violación a los derechos humanos.
En marzo de 2014, las organizaciones Parto Libre, Sakil Nichim Anzetik y GIRE realizaron la primera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., de algunos casos de violencia obstétrica. Dichos casos fueron sólo un botón de muestra pues son más frecuentes de lo que el Estado reconoce y más severos de lo que se ha registrado en la prensa y las redes sociales.
En mayo de 2016 se llevó a cabo en la Ciudad de México el “Tribunal Simbólico sobre Muerte Materna y Violencia Obstétrica”. Frente a un público de más de 300 personas, 27 mujeres y familias acudieron, desde diversas regiones del país, para tomar la palabra y denunciar las violaciones de derechos humanos que nunca debieron ocurrir. El jurado del Tribunal estuvo compuesto por seis expertas internacionales con amplia trayectoria en materia de salud y derechos reproductivos, quienes intervinieron para encuadrar estas situaciones desde las obligaciones que el Estado mexicano incumplió.
De enero 2012 a septiembre de 2018, GIRE ha registrado 36 casos de violencia obstétrica, documentado 12 y otorgado acompañamiento a 46. De acuerdo con solicitudes de acceso a la información presentadas por GIRE, las comisiones locales de derechos humanos reportaron tener registradas, de diciembre 2012 a octubre 2017, un total de mil 109 quejas relacionadas con violencia obstétrica, 147 recomendaciones emitidas y 84 aceptadas. La CNDH, por su parte, reportó 567 quejas, la mayoría concluidas durante el trámite, por no existir materia o por falta de interés. Si bien la experiencia de GIRE en la utilización del mecanismo de interposición de quejas ante comisiones de derechos humanos en los casos que acompaña muestra que esta vía no siempre ha sido una verdadera alternativa de protección jurídica para las mujeres, se han tenido experiencias exitosas de reparación.
¿Qué ha cambiado desde que conocimos la historia de la mujer de Oaxaca hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido las repuestas por parte del Estado? En 2016, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) incorporó por primera vez preguntas destinadas a evaluar aspectos de la experiencia de las mujeres durante su último parto. Esto permitió una aproximación a un diagnóstico más completo sobre la magnitud y variables asociadas con la violencia obstétrica en el país, así como un reconocimiento por parte del Estado de la existencia e importancia de utilizar el término como tal.
Veinticuatro entidades federativas han incorporado definiciones de violencia obstétrica en sus respectivas leyes de acceso a una vida libre de violencia, situación que colabora a reconocerla como una forma específica de violencia institucional contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos.
Seis entidades han optado por incluir la violencia obstétrica como un delito en sus códigos penales. No obstante, desde GIRE hemos señalado que la respuesta ante este tipo de violencia implica transformar las condiciones estructurales del sistema de salud en todos sus niveles y no individualizar el problema, penalizando al personal involucrado, en especial considerando los obstáculos que enfrenta para realizar su trabajo en óptimas condiciones.
Como una forma de atacar el carácter estructural de la violencia obstétrica, hemos recomendado replantear la formación profesional del personal médico y de enfermería para concebir la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto con perspectiva de género e interculturalidad, así como institucionalizar la capacitación del personal de salud que interviene en la atención obstétrica y evaluar el impacto de dichas acciones.
Si bien existen avances, aún se requieren estrategias y mecanismos para difundir y prevenir esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos. No basta con tener más presente el tema. Tampoco es suficiente reaccionar a los casos difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales. Es importante no perder de vista que la violencia obstétrica constituye una serie de patrones producto de fallas estructurales, cuya solución requiere la creación de mecanismos para acceder a la justicia y a una reparación integral que incluya las medidas necesarias para evitar que este tipo de violencia se repita.
