Mujeres de varias partes de México y el mundo nos hemos manifestado para decir “basta” a la violencia que todos los días se perpetra en nuestra contra. Enojo y hartazgo retumban en las calles y el grito de rabia se extiende. A los feminicidios, los casos de abuso y acoso sexual y las violaciones, se suma la violencia que sufren las mujeres durante el parto, cada día, tanto en hospitales públicos como privados, y es necesario reconocer que se trata de un problema grave.
En julio de 2019, la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, presentó en la Asamblea General de la ONU el informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica, cuya relevancia radica en que, por primera vez, la ONU reconoce la existencia y gravedad de la violencia obstétrica, y analiza sus causas y consecuencias.
Para la elaboración del informe, la Relatora se allegó de más de 128 comunicaciones de Estados, organizaciones no gubernamentales, instituciones independientes y académicos, en las que se expusieron las formas de maltrato, la falta de cumplimiento de la obligación de garantizar el consentimiento informado en el contexto de la atención de la salud reproductiva, mecanismos de rendición de cuentas y diversas formas de violencia contra las mujeres durante la atención del embarazo, parto y posparto.
GIRE es una de las primeras organizaciones en América Latina en utilizar el término violencia obstétrica y documentar la incidencia de conductas y omisiones que se agrupan bajo este concepto; por ello, envió a la Relatora un informe sobre el trabajo que ha realizado para visibilizar situaciones que constituyen este tipo de violencia.
En su informe, la Relatora identifica la violencia obstétrica como una práctica generalizada y arraigada en los sistemas de salud. Entre los elementos que la configuran se encuentra la sobremedicalización del parto, así como el uso rutinario de procedimientos sin consentimiento de las mujeres o en situaciones no justificadas. Asimismo, el informe de la Relatora evidencia la tendencia creciente del uso de cesáreas, a nivel mundial, y afirma que realizarla sin el consentimiento de la mujer puede constituir violencia por razón de género, incluso tortura.
En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) incorporó por primera vez preguntas destinadas a evaluar aspectos de la experiencia de las mujeres durante su último parto. De acuerdo con los datos que arrojó, 42.8% de las mujeres encuestadas reportaron el nacimiento de su último hijo o hija por cesárea; de éstas, 10.3% reportaron no haber sido informadas de la razón para la cesárea y 9.7% afirmaron que no les pidieron autorización para realizarla.
Las esterilizaciones forzadas son otra de las manifestaciones de la violencia obstétrica que se integraron en el informe de la Relatora; la imposición de algún método anticonceptivo, temporal o definitivo, sin obtener previamente el consentimiento de la mujer, constituye una acción que a menudo sucede en México, donde 30.9% de las mujeres manifestó haber sido presionada para aceptar algún método anticonceptivo o esterilización durante su último parto.
La anticoncepción y esterilización forzada suele afectar con mayor frecuencia a las mujeres indígenas o que viven con alguna discapacidad. Mujeres de todo el mundo han denunciado el desconocimiento a su autonomía para la toma de decisiones —incluida la posibilidad de elegir la posición para parir—, las prácticas humillantes, las agresiones verbales y las observaciones sexistas que reciben por parte de los trabajadores sanitarios durante la atención del parto.
La Relatora resaltó que en algunos países se han promulgado leyes que visibilizan la violencia obstétrica y que incluso algunos de América Latina —entre ellos México— han emitido leyes que la tipifican. En GIRE consideramos que recurrir al derecho penal no siempre resulta ser la vía más adecuada para atender problemas estructurales, pues las deficiencias en la infraestructura y equipamiento de las instituciones de salud son una falla que el Estado está obligado a resolver y difícilmente se logra mediante la atribución de responsabilidades penales al personal médico.
Para atender y erradicar la violencia obstétrica, la Relatora hace diversas recomendaciones relacionadas con el reconocimiento de fallas estructurales en los sistemas de salud: el respeto a la autonomía de las mujeres y el reconocimiento a su capacidad para la toma de decisiones sobre su salud reproductiva; el establecimiento de mecanismos para la rendición de cuentas, a fin de garantizar la reparación integral a las víctimas; la revisión del marco normativo integral para hacer frente a las diversas situaciones que constituyen violencia obstétrica, y la prevención. Desde GIRE celebramos que la ONU reconozca la existencia y gravedad de la violencia obstétrica pues, a partir de este diagnóstico, es posible trazar las rutas para erradicarla.
* Verónica Esparza Pérez (@esparza260) es investigadora