CARLOTA (HIDALGO)
Derivada de la experiencia en el caso de Carmen, en la que el Juez Segundo de Distrito en el estado de Hidalgo había sobreseído el juicio por haberse iniciado cuando la niña ya no estaba embarazada, se hizo un cambio de estrategia: se decidió que en lo subsecuente el amparo se tramitaría de manera inmediata para que fuera a través del juez como se pudiera obtener la interrupción; es decir, acudir al Juez Federal antes de la interrupción.
Un nuevo caso en el estado de Hidalgo permitió poner a prueba la capacidad del sistema de justicia constitucional para resolver este tipo de casos. En esta ocasión se acompañó a Carlota, una niña de 16 años víctima de una violación sexual que buscaba interrumpir su embarazo. Cuando GIRE supo del caso de manera inmediata tramitó el amparo que coincidentemente se turnó al mismo Juez de Distrito que había resuelto el caso anterior.
Lo que se buscó en este caso es que el Juez se pronunciara sobre la urgencia de interrumpir el embarazo como parte de una medida cautelar para proteger a la niña. Desafortunadamente el Juez, en contravención al marco nacional e internacional de derechos de las mujeres y las niñas, negó la medida cautelar porque consideró que se vulneraría el “derecho a la vida del producto”.
Aunque el Juez estudió la constitucionalidad del mismo artículo del Código Penal del estado de Hidalgo impugnado en el caso de Carmen, en esta ocasión determinó que no había violación a derechos humanos al establecer esta serie de requisitos desproporcionados para acceder a la interrupción del embarazo producto de una violación.
Ante esta sentencia que pasa por alto al marco internacional de derechos de las mujeres se procedió a interponer un recurso de revisión que se encuentra pendiente de resolver.