Las mujeres con discapacidad históricamente han sido sometidas a abusos y discriminación por parte del sistema de salud en México. En el año 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó a México “recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad con indicadores que puedan evaluar la discriminación interseccional”.1 Sin embargo, aún no se puede concluir que el Estado haya cumplido con esa obligación, contemplada en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en 2018 residían en México 124.9 millones de personas, de las cuales 51.1 % eran mujeres y 48.9 % hombres.
La prevalencia de la discapacidad era de 6.3 %, lo que significa que 7 877 805 millones de habitantes declararon “tener mucha dificultad o no poder realizar alguna de las siguientes actividades consideradas como básicas: caminar, subir o bajar usando sus piernas, ver (aunque use lentes), mover o usar sus brazos o manos, recordar o concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo), bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse y realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales”. De la población con discapacidad, 45.9 % eran hombres y 54.1 % mujeres.
En 2020, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda, en México residían 126 014 024 personas. De ese total, 5.69 % (7 168 178) tenía alguna discapacidad o condición mental. Además, 19 % de las personas con discapacidad y/o alguna condición mental, de 15 años de edad en adelante, eran analfabetas.
