Finalmente, cinco años después de la aprobación de una reforma constitucional para dar autonomía a la Fiscalía General, el primer o primera Fiscal General del país será elegida para encabezar por los proximos nueve años los esfuerzos para enfrentar la impunidad, la corrupción y brindar a la ciudadanía confianza en la procuración de justicia. Entre los desafíos está el de realizar este trabajo con insuficiencias presupuestales, pues el presupuesto de 2019 omitió incluir recursos para asegurar la transición entre la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y la nueva Fiscalía General. Ésta ejercerá un presupuesto 5.5% menor al de la PGR.
En respuesta a la convocatoria para presidir la Fiscalía General se presentaron 52 candidaturas de las que sólo la mitad cumplieron con los requisitos necesarios. Estas 27 personas que aspiran a dirigir la Fiscalía General deben ser evaluadas para detectar cualquier vínculo con grupos interesados en la preservación de la impunidad.
Con insistencia el colectivo #FiscalíaQueSirva ha advertido de los problemas en el mecanismo de selección y ha destacado la necesidad de reformar la Constitución para alcanzar estándares internacionales en materia de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana y rendición de cuentas; éstos son fundamentales para evitar influencias en el proceso de designación y garantizar la independencia del o la fiscal.
Destaca que la convocatoria pública emitida mediante el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 20 de diciembre tiene aspectos preocupantes: no se ha previsto que la Comisión de Justicia realice entrevista públicas a las 27 personas postulantes que cumplen con los requisitos. Además, no hay mecanismos efectivos de participación ciudadana donde sea posible objetar, apoyar o presentar información relevante sobre una candidatura específica.
La Junta de Coordinación Política eligirá 10 perfiles entre las 27 personas postulantes; de éstos, el Presidente elegirá una terna y tendrá hasta cinco días para conformarla. Este es un proceso opaco sin espacios de participación ciudadana y alejada del escrutinio público. En la etapa final de selección resalta que se otorguen sólo 30 minutos de comparecencia ante el pleno, pues no permite examinar el perfil de los y las finalistas, ni es posible hacer una evaluación sustantiva y profunda de capacidades, experiencia y probidad de quienes integren la terna.
No hay claridad en los criterios para evaluar a las personas que integren la terna final, ni está prevista la obligación del Senado para argumentar, fundar y motivar la decisión sobre quién será el o la fiscal. Así, pues, el Senado tiene un amplio margen de discrecionalidad e ignorando el alto interés público en el nombramiento mantiene la opacidad del proceso. Por todo lo anterior, existe un alto riesgo de que la elección no corresponda al mérito y que intereses ajenos al escrutinio de la sociedad afecten el resultado de la designación.
Desde #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás se hace el llamado para que el Senado corrija estas irregularidades y emita un acuerdo complementario al del 20 de diciembre de 2018 para permitir un mayor nivel de transparencia y participación ciudadana en el proceso. Es un hecho que en otros países de la región latinoamericana la prensa juega un papel decisivo en la vigilancia del proceso de designación y en visibilizar antecedentes de las personas aspirantes que requieren de mayor investigación para asegurar que no existan vínculos que pongan en riesgo la autonomía necesaria para el cargo, por lo que también se invita a los medios de comunicación para que acompañen el proceso.
Sólo con transparencia, herram
