La Corte Suprema de Estados Unidos está llamada a determinar si todas las prohibiciones de los abortos electivos antes de la viabilidad son inconstitucionales, como lo señala el famoso caso de Roe v. Wade.
En 1992 un grupo de cinco amigas vieron la necesidad de trabajar los argumentos bioéticos, sociales y legales para posicionar el aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Desde entonces, nuestro trabajo se ha consolidado y hemos extendido nuestro campo de acción a otras temáticas que tienen que ver con el ejercicio de los derechos reproductivos.
El 2021 no se asomaba como un año prometedor. El proceso electoral que ya estaba en marcha amenazaba con interrumpir los procesos legislativos en curso para dictaminar las decenas de iniciativas aún vigentes que buscaban despenalizar el aborto, e implicaba que a partir de septiembre regresaríamos al punto de partida con las nuevas legislaturas. Pero Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima dieron la sorpresa.
El pasado 2 de diciembre, el Hospital Integral de la Mujer del estado de Sonora ofreció una disculpa pública a Valeria e Iván como parte de una reparación integral por haberles negado hace dos años un aborto por inviabilidad del producto y riesgo para la madre. Esta es su historia.
El pasado 30 de noviembre, el Estado de El Salvador fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsable por la detención, condena y muerte de Manuela, una mujer salvadoreña de escasos recursos que, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue condenada a prisión por homicidio agravado.
El aborto por violación está contemplado en todo el país, pero personal de salud y algunos juzgadores desconocen la obligatoriedad de la legislación vigente o no la implementan, obstaculizando el acceso a este servicio.
La demanda interpuesta por el movimiento Causa Justa pone nuevamente en el discurso público el aborto como un asunto de justicia reproductiva, pues si bien la IVE aplica para todas las personas gestantes, las barreras que prevalecen afectan a las mujeres y niñas de manera diferenciada al no garantizar el acceso en condiciones de igualdad para todas.
Con el caso de Silvia y Sara por segunda vez se evidencia que el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” vulnera derechos humanos al negar el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
