Margarita tuvo que esperar casi seis años para obtener una sentencia que reconociera las violaciones a derechos humanos que vivió, y dos años más para obtener una medida de reparación del daño; es decir: ha pasado casi ocho años en búsqueda de justicia.
La serie “Hablemos de nosotras” ha sido una maravillosa oportunidad para abordar las discusiones del máximo tribunal del país en torno al aborto y contar con la participación de especialistas cuyas reflexiones abonan a la construcción de un país que proteja y garantice los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
A un año de la reforma que hizo posible que todas las personas trabajadoras del IMSS tuvieran derecho a los servicios de guardería para sus hijas e hijos, es importante insistir en que los servicios de cuidado infantil deben estar disponibles para todas las madres y padres que trabajan, independientemente de si lo hacen en el sector formal o informal.
En 2017, la SCJN determinó la inconstitucionalidad del límite de edad establecido en el Programa de Reproducción Asistida del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. El 4 de agosto de 2021 el Programa actualizó el manual de procedimientos, pero mantiene el límite de edad declarado discriminatorio y violatorio de derechos humanos.
Sandra fue víctima de esterilización no consentida como una forma de tortura; también de violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Entre abril y julio tuvimos conocimiento de casos de mujeres criminalizadas en Aguascalientes por solicitar un aborto al que tenían derecho, en apego a la NOM-046 y a las causales previstas en los códigos penales locales.
Para la mayoría de la Suprema Corte, si bien la objeción de conciencia sí es constitucional de manera general, la forma en la que el Congreso la reguló en la LGS fue demasiado general y sin límites suficientes y necesarios, lo cual pone en riesgo no sólo a las y los usuarios de los servicios de salud, sino también al personal médico objetor.
A partir de ahora, al resolver casos futuros, las y los jueces deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de los estados que criminalicen el aborto de manera absoluta.
En 2013, por la negligencia de una institución que solapó una atención mediocre, casi pierdo la vida y perdí la matriz. Hoy, después de siete años, se han vuelto a vulnerar mis derechos. La CNDH determinó que no existió violación a mis derechos humanos.
