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Susana

 

Susana estaba casada con Romeo. Ambos tzotziles, tenían un hijo de seis años, y esta­ban esperando a una niña. Susana tenía 26 años, hablaba tzotzil y español y había estudiado hasta la secundaria. El 4 de octubre de 2013 acudió al Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con indicaciones para realizarse una cesá­rea. Susana fue víctima de maltratos por parte del personal del hospital desde que llegó. Le pidieron que se quitara la ropa y la dejaron desnuda en una camilla, expuesta a la vista del personal, porque “no tenían batas”, mientras la hacían esperar para ser atendida. Iba acompañada de su suegra, quien únicamente habla tzotzil y quien no pudo estar presente en el proceso por no hablar español, pues el Hospital de la Mujer de San Cristóbal no cuenta con un intérprete del tzotzil.

En el informe médico de Susana se reporta que esa misma noche, hacia las 22 horas, su estado de salud era grave. Sin embargo, en ese momento su familia no recibió ninguna información acerca del deterioro en su salud. Unas horas más tarde, se le notificó a la familia que se había realizado la cesárea junto con una extracción de la vesícula, de la cual no tenían conocimiento y de la que no existe un consentimiento informado por parte de Susana o algún familiar. Después de la cirugía se le entregó a los familiares un frasco con la vesícula de Susana y, sin mayor información, se les pidió acudir a otro hospital a realizar estudios de patología. Era domingo y no pudie­ron hacerse dichos estudios.

Las notas médicas posteriores a la cirugía reportaban la condición de Susana como estable. Sin embargo, el 6 de octubre Susana sufrió un paro respiratorio y falleció. De acuerdo con una opinión técnica independiente elaborada por el Dr. Marcos Arana, responsable del Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, el expediente médico de Susana reporta un diagnóstico de Síndrome de Hellp, una complicación grave que se presenta en 0.9% de los embarazos y que afecta la placenta, el hígado, el riñón y provoca alteraciones graves en la coagula­ción sanguínea. De acuerdo con el Dr. Arana, dicho diagnóstico debió ser suficiente para realizar una cesárea inmediata a la llegada de Susana al hospital, además de posponer la extracción de la vesícula.

Los familiares de Susana fueron notificados de su muerte sin recibir mayor explica­ción al respecto. En ese momento les entregaron a su hija recién nacida, sin ropa, sin documento alguno y cubierta de sangre. No se les otorgó ninguna indicación de ali­mentación a pesar de que ya no podría recibir leche materna. El personal del hospital tenía una injustificable prisa por darla de alta y, con ello, la expuso a riesgos innece­sarios que más tarde derivaron en un cuadro de hipotermia por el que debió ser tra­tada en una clínica privada.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conoció del caso iniciado de oficio por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Después de hablar con los familiares de Susana y asumir su representación legal, GIRE presentó una ampliación de queja ante la CNDH el 14 de febrero de 2014. En ésta, se subrayó la importancia de establecer que la muerte de Susana fue consecuencia de una serie de violaciones de derechos humanos, así como de reconocer a Susana, a sus hijos, a Romeo, su esposo, y a su padre como víctimas.

El 17 de julio de 2014 la CNDH emitió la Recomendación No. 29/2014 en la que determinó que se contaba con elementos suficientes para evidenciar la violación a los derechos humanos de Susana y de sus familiares —su esposo Romeo y sus hijos —, atribuibles al Gobierno del estado de Chiapas por conducto del Hospital de la Mujer. Se recomendó, por un lado, la indemnización a las víctimas y su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como el seguimiento de la denuncia penal y la administrativa del caso; por el otro, el establecimiento de garantías de no repetición en las clínicas, hospitales y centros de salud dependientes de la Secretaría de Salud del estado: la integración debida de expedientes médicos, la revisión de creden­ciales del personal de salud y su capacitación.

Si bien estas medidas son importantes para el reconocimiento de una reparación integral de violaciones a derechos humanos, resultan insuficientes para prevenir y atender el grave problema de la muerte materna en Chiapas. La Recomendación emitida por la CNDH fue omisa en establecer medidas de reparación integral incluidas en la ampliación de queja presentada por GIRE, como la cobertura en salud y educación para los hijos de Susana, el pronunciamiento de una disculpa pública por parte del Estado y la atención psicológica a las víctimas.

El 14 de noviembre de 2014 el Gobierno del estado de Chiapas y los familiares de Susana firmaron un con­venio para dar cumplimiento a la Recomendación de la CNDH. Sin embargo, el documento no atendía todos los elementos incluidos en la Recomendación, además de que, de acuerdo con lo que las víctimas narraron a GIRE, la firma del mismo se efectuó en un contexto de presión. El Convenio estableció una indemnización por concepto de reparación del daño, daño emergente y lucro cesante a Manuel y Romeo, padre y esposo de Susana, así como la obligación de Romeo de depositar cierta cantidad a nombre de sus hijos en un ins­trumento financiero “conveniente” para los niños. Lo anterior no representa una reparación adecuada debido a que impone a una de las víctimas la responsabilidad de encontrar un mecanismo financiero que otorgue una protección adecuada a sus hijos, en lugar de que el Estado plantee un mecanismo que salva­guarde estos recursos hasta que los niños alcancen la mayoría de edad, protegiendo la construcción de su proyecto de vida. Además, hace mención de una cobertura en salud y educación para los hijos de Susana, pero determina un monto de beca educativa notablemente menor al establecido en las Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos y sólo incluye como cobertura en salud la inscripción de las víctimas en el Seguro Popular, inscripción a la que tienen derecho independientemente de su calidad de víctimas.

El 19 de noviembre, el Gobierno de Chiapas llevó a cabo un acto de disculpa pública por la muerte de Susana, la primera disculpa emitida en México por parte de una autoridad por un caso de muerte materna. Dicha disculpa no se encontraba incluida dentro de la Recomendación emitida por la CNDH y forma parte de la ampliación de queja impulsada por GIRE en el caso. Además, con el acompañamiento de GIRE, el monto de la indemnización correspondiente a los hijos de Susana fue incorporado al Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos —operado por la Secretaría de Gobernación— a través de la firma de un Convenio de reconocimiento del Estado mexicano de violaciones de derechos humanos el 4 de marzo de 2015, que dejó sin efectos al convenio anterior y fue suscrito por la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del estado de Chiapas, Romeo, a nombre propio y en representación de sus hijos, y Manuel. GIRE firmó en calidad de testigo de honor.

A pesar de que el reconocimiento del Estado mexicano de un caso de muerte materna como uno de violaciones a derechos humanos representa un cam­bio fundamental de paradigma, es esencial que la CNDH y las comisiones locales de derechos humanos establezcan de manera sistemática medidas de reparación integral para recomendaciones de este tipo que incluyan: a) la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables; b) medidas de restitución; c) medidas de satis­facción; d) medidas de rehabilitación; d) indemnizaciones, y e) garantías de no repetición.

Lamentablemente, el caso de Susana es representativo de los patrones de violación a los derechos huma­nos que enfrentan las mujeres en México, donde la última estimación oficial (2013) indica que la razón de muerte materna (RMM) es de 38.2, muy por encima de la meta establecida por los Objetivos del Milenio hace quince años, de 22.1 Hasta ahora, la CNDH ha sido omisa en vigilar e impulsar el seguimiento de sus recomen­daciones en el caso de Susana; en particular, la implementación de las garantías de no repetición en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas para evitar que se sigan dando casos como éste.