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La SCJN exhorta al Congreso a emitir una regulación apegada a derechos humanos en materia de objeción de conciencia. Boletín.

septiembre 30, 2021

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021

Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad de la Objeción de Conciencia en la Ley General de Salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la objeción de conciencia no es absoluta y que para que su reglamentación y ejercicio sea constitucionalmente válido es necesario que se ciña a ciertos límites, entre ellos, que sea de carácter individual, que se trate de una auténtica contradicción de conciencia en un contexto constitucional y democrático, y que respete los derechos humanos de otras personas.

El proyecto discutido por las y los ministros los días 13, 20 y 21 de septiembre señala que los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, reconocidos en la Constitución y en las leyes sanitarias del país, se encuentran protegidos, de manera que el Estado tiene la obligación de garantizarlos en tiempo, calidad y sin discriminación.

Esta obligación tiene un alcance tan amplio que, en caso de no contar con los recursos materiales para realizar un procedimiento sanitario, obliga al Estado a trasladar a las personas a un hospital en el que sí se realice, quedando bajo su responsabilidad garantizar que se protejan los derechos de las personas hasta que concluya dicho procedimiento.

La Corte reconoció la objeción de conciencia como un derecho del personal médico y de enfermería que no podrá invocarse cuando ponga en riesgo la vida de las personas o cuando se trate de una urgencia médica. Sin embargo, su deficiente regulación provoca que se vulneren derechos como la certeza jurídica y el derecho a la salud, por lo que declaró la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud.

La objeción de conciencia no debe impedir a las mujeres y personas con capacidad de gestar el ejercicio de sus derechos reproductivos, en este sentido, las y los ministros exhortaron al Congreso a legislar conforme a los lineamientos indicados en la sentencia y ordenó notificar al Congreso y al Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud y las legislaturas locales.

Desde GIRE nos sumamos al exhorto del máximo tribunal del país para que se legisle siguiendo lo establecido en la sentencia, y se protejan los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.


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