Hasta el momento, parte de la narrativa del presidente ha tenido por objeto invisibilizar el trabajo de actores de la sociedad civil o de instituciones diseñadas para garantizar y atender los derechos humanos, así como de reparar las violaciones a éstos.
Instituciones como el INE, la CNDH, el INAI, el CONAPRED y la CEAV surgieron por la necesidad de fortalecer y velar por el diseño institucional, la vida democrática y la defensa de los derechos humanos. A lo largo de estos años, cada una ha sido pieza clave para garantizar el ejercicio de la ciudadanía y contrarrestar los abusos del Estado.
Desde hace tiempo existen serias preocupaciones por el discurso predominante del gobierno actual que denota desconocimiento y desprecio sobre la razón de ser y la importancia de estas instituciones, un discurso que parece traer de fondo una estrategia por debilitar a las dependencias encargadas de proteger los derechos humanos.
Los discursos y la estrategia del presidente resultan contradictorios y en ocasiones alarmantes. Sobre todo, cuando tienden a poner en tela de juicio la obligación constitucional de defender y proteger los derechos humanos y, por lo tanto, de utilizar todos los recursos públicos materiales y humanos necesarios y disponibles para garantizarlos como obliga el artículo 1° constitucional. Hasta el momento, parte de la narrativa del presidente ha tenido por objeto invisibilizar el trabajo de actores de la sociedad civil o de instituciones diseñadas para garantizar y atender los derechos humanos, así como de reparar las violaciones a éstos. Su mensaje se ha enfocado en restarles importancia y desconocer el contexto histórico y la lucha social por la cual surgieron.
La narrativa no es sólo retórica, encarna una serie de acciones que han prendido las alarmas de diversas organizaciones de derechos humanos. Bajo la lógica del presidente, hay programas e instituciones que, aun cuando fueron creadas con el propósito de avanzar en temas de derechos humanos, sólo han representado gastos burocráticos innecesarios o corrupción, y por ello se justifica su debilitamiento o extinción. Como botones de muestra están el recorte presupuestal a al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONADIS), el decreto presidencial en el marco de la austeridad por la pandemia en abril de 2020, que retiró el apoyo presupuestal a las Casas de la Mujer Indígena (CAMIs), dejando en situación de riesgo a mujeres indígenas y afromexicanas que acuden para atención legal, psicológica, de salud sexual y reproductiva y, recientemente, el desconocimiento público de la existencia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Más allá de representar controversias discursivas, las declaraciones del titular del Ejecutivo afectan el actuar de la administración pública federal y, por lo tanto, de las respuestas institucionales de ayuda, asistencia, atención y reparación que requieren especialmente los grupos vulnerables. Sobre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), después de una controversia en torno a un foro sobre racismo, el presidente declaró públicamente desconocer su trabajo y sugerir su desaparición, lo que derivó en la renuncia de su titular y de tres integrantes de la Asamblea Consultiva. En el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha renunciado también su titular después del anuncio de un recorte de 75% de su presupuesto, que paralizaría sus actividades.
Para un gobierno que desde la campaña electoral refería poner primero a las víctimas y a las personas en pobreza, fortalecer las instituciones, no desaparecerlas ni debilitarlas, debería ser prioritario. ¿Por qué cuesta tanto aceptar que la atención y el cumplimiento de los derechos humanos es obligación de todas las autoridades del país? Es irresponsable no entender que los derechos humanos no pueden obedecer a un orden subjetivo, mediático y jerárquico, sino que son obligación constitucional y convencional.