A dos años de pandemia, se requiere contar con datos públicos actualizados sobre los obstáculos para acceder a servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio, así como los relacionados con el impacto que la pandemia ha generado en las distintas poblaciones de mujeres que buscan atención obstétrica.
En contextos donde el derecho a decidir está restringido, la información, asesoría y cuidados que las redes de acompañamiento brindan son fundamentales en la disminución de los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Las recientes decisiones tomadas por la SCJN y el Congreso de Baja California Sur sobre el aborto representan un avance importante en la protección de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En Guerrero, el ministerio público ya no está en posibilidad de recibir denuncia alguna en contra de quien interrumpe su embarazo, y la Fiscalía no podrá abrir ninguna carpeta de averiguación en contra de mujeres y personas gestantes, pues ya no existe delito que perseguir.
El informe realizado por Impunidad Cero y GIRE sobre violencia obstétrica y muerte materna muestra la innegable brecha entre lo previsto en el marco normativo y su implementación, gracias a la impunidad.
En 2015, Elizabeth Flores sufrió violencia obstétrica y su hija, negligencia médica en el Hospital Materno Infantil de Xochimilco. Tras la intervención de GIRE y Derechos Humanos, el entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera aceptó la responsabilidad y reparar el daño. Entonces llegó Claudia Sheinbaum y todo cambió. Las dejaron de buscar y nadie les ha reparado el daño causado.
Si algo nos enseña la situación que están viviendo las compañeras estadounidenses es que nuestros derechos siempre están bajo asedio y los grupos anti derechos no descansan, y así como ocurrió tras la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, nuestros avances y logros van aparejados en muchas ocasiones con un contraataque.
El Estado debe garantizar el acceso universal a estancias infantiles, servicios de salud, incapacidades médicas, y licencias de maternidad, paternidad y parentales, sin dejar de lado la implementación de medidas que promuevan la participación igualitaria de los hombres en las tareas de cuidados y domésticas.
A 15 años de convertirse en referente del derecho a decidir, la Ciudad de México comparte con otras entidades del país, y más allá de México, una gran certeza: no hay marcha atrás. Los derechos reproductivos son derechos humanos, y su protección y garantía es responsabilidad del Estado.