En México seguimos a la espera de que prospere alguna de las iniciativas federales que han sido presentadas por bancadas de Morena y el PRD. En San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla ya se hizo presente la Marea Verde acompañando a las legisladoras que buscan despenalizar el aborto en estos estados.
Si el objetivo de la administración actual es reformar la educación bajo una lógica de protección a derechos sexuales y reproductivos, deberá tomar en cuenta la evidencia empírica que generan instrumentos como la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).
Lo fundamental de la decisión de la Corte es que reafirma la obligación de garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Esto permite que en cualquier estado del país, ellas puedan acceder a la interrupción del embarazo cuando su salud esté en riesgo, aunque dicha causal no se encuentre en el código penal de su entidad federativa.
Cinco de cada 10 mujeres profesionistas en México abandonaron sus estudios a partir del nacimiento de sus hijos, cuatro de cada 10 por falta de dinero y una de cada cuatro por falta de tiempo, de acuerdo con una encuesta elaborada por la firma de recursos humanos OCC Mundial.
La integración de parteras a los equipos multidisciplinarios podría ayudar no sólo a reducir las cesáreas innecesarias en el sistema de salud, sino también a reducir la violencia obstétrica y las tasas de morbilidad materna y perinatal.
Después de 12 años, en la CDMX se ha demostrado que estar a favor de la despenalización del aborto no equivale a estar a favor del aborto, ni promoverlo. La despenalización del aborto no obliga a nadie a realizarlo, por el contrario, su prohibición sí obliga a las mujeres a ser madres.
Marea verde es que miles de nosotras en todo el país nos juntemos para exigir los derechos que desde hace 12 años solo tienen las mujeres en la Ciudad de México.
La respuesta ante la violencia obstétrica implica transformar las condiciones estructurales del sistema de salud en todos sus niveles y no penalizando al personal involucrado, en especial considerando los obstáculos que enfrenta para realizar su trabajo en óptimas condiciones.
Las leyes del latido fetal buscan equiparar la viabilidad del producto con la existencia de un latido cardiaco, mismo que se presenta durante las primeras semanas de gestación. Organizaciones de derechos humanos y proveedoras de servicios de salud reproductiva en Ohio ya se preparan para desafiar en tribunales esta normativa restrictiva.