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Parlamento abierto y derechos reproductivos

abril 12, 2021

La escucha de argumentos, experiencias y puntos de vista debe ir más allá para cumplir con los objetivos de este ejercicio de acercamiento con la ciudadanía: implica la participación real y la reflexión de las y los legisladores para dejar de crear leyes con base en sus creencias personales.

Los derechos reproductivos y la demanda de aborto legal se han colocado en la discusión pública con mayor ímpetu durante las últimas semanas gracias al empuje de colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil en los estados de MichoacánQuintana Roo y Puebla, entre otros.

En sus respectivos congresos se han llevado a cabo varias discusiones en torno a la despenalización del aborto en las que han participado, además de legisladoras y legisladores, personas de diversos sectores de la sociedad como activistas, académicas y especialistas.

Estos espacios de diálogo forman parte de lo que se conoce como parlamento abierto que, según explica Fundar, es una institución legislativa que rinde cuentas: explica y justifica sus acciones y decisiones; es transparente: garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva; cuenta con mecanismos de participación ciudadana: involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales, y utiliza las tecnologías de información y comunicación.

Desde GIRE, participar en estos espacios nos ha permitido contribuir a la comprensión de la situación de los derechos reproductivos en México a través de la difusión de información producto de nuestra experiencia e investigación. Ahí compartimos datos que hemos sistematizado y analizado a partir de la elaboración de solicitudes de acceso a la información para la realización de nuestros informes, cuya finalidad es incidir en las políticas públicas.

Socializar esta información en los parlamentos abiertos abona al conocimiento, por un lado, del ejercicio real de los derechos reproductivos a nivel nacional, estatal e incluso municipal y, por otro, del nivel de cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte del Estado mexicano. Asimismo, ha permitido hacer una serie de recomendaciones para que las acciones de gobierno se realicen con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Estos ejercicios de escucha y análisis de los puntos de vista de las personas afectadas por las decisiones de los servidores públicos convierten a los tres órdenes de gobierno en espacios accesibles a la ciudadanía y representan una gran oportunidad para mejorar los procesos de elaboración e implementación de políticas públicas.

Respecto a la despenalización del aborto, tema fundamental para garantizar la autonomía y la libertad de las mujeres y otras personas gestantes, los parlamentos abiertos abonan no sólo a enriquecer el debate sobre los derechos reproductivos sino a lograr que la sociedad conozca la realidad de quienes han visto obstaculizado su acceso al derecho a la salud.

El que se incluya en las discusiones legislativas la experiencia de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos reproductivos, dota de una perspectiva mucho más amplia tanto a los tomadores de decisión como a la sociedad en general y favorece la creación de leyes más justas.

Si bien es cierto que las colectivas feministas y las organizaciones de la sociedad civil que luchamos por los derechos reproductivos buscamos el aborto legal y seguro en todos los estados de la República mexicana, también lo es que la despenalización social del aborto forma parte de nuestra agenda: para garantizar los derechos reproductivos es necesario que haya una transformación de las ideas y de la cultura.

En este sentido, los parlamentos abiertos que se han llevado a cabo en varias entidades federativas han sido foros en los que organizaciones que acompañamos procesos de exigencia de justicia y reparación del daño por violaciones a los derechos humanos hemos podido exponer argumentos y evidencia científica que clarifican la urgente necesidad de atender los reclamos de quienes han sido víctimas de la omisión e indiferencia institucional.

Sin embargo, la escucha de argumentos, experiencias y puntos de vista debe ir más allá para cumplir con los objetivos de este ejercicio de acercamiento con la ciudadanía: implica la participación real y la reflexión de las y los legisladores para dejar de crear leyes con base en sus creencias personales.

Estamos a favor de la intervención de la sociedad en los procesos legislativos y hacemos un llamado para que los parlamentos abiertos sean espacios donde la pluralidad de voces tenga peso suficiente para la toma de decisiones. Que la participación ciudadana construya puentes entre la sociedad civil y los gobiernos, y se traduzca en mejores leyes que beneficien a todas y todos.

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