Desde julio de este año, más de 20 organizaciones nos articulamos para crear el Observatorio Género y COVID-19 en México con la finalidad de dar seguimiento a los obstáculos para la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres en el contexto de la contingencia sanitaria.
Monitorear, evaluar y difundir el impacto de la pandemia por COVID-19 es urgente, pero también es importante dar a conocer las aportaciones de la sociedad civil de cara a las nuevas problemáticas. Desde julio de este año, más de veinte organizaciones nos articulamos para crear el Observatorio Género y COVID-19 en México con la finalidad de dar seguimiento a los obstáculos para la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres en el contexto de la contingencia sanitaria.
La suma de esfuerzos se ha extendido y nuevas organizaciones se han integrado al Observatorio, lo cual nos permite tener un panorama más amplio del impacto diferenciado de la pandemia y difundir las acciones de la sociedad civil, además de emitir recomendaciones al Estado, para trabajar en la creación de futuros donde la igualdad de género y la justicia sean el marco de acción en la nueva normalidad.
Con la integración de otras organizaciones podemos mostrar también lo que sucede en poblaciones de niñas y adolescentes, y en temas como el feminicidio. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en abril de 2020, primer mes de confinamiento, hubo un total de 337 mujeres asesinadas: en promedio, 11.2 asesinatos al día, la cifra más alta de todo el año. En mayo se observó una reducción respecto a abril: 304 asesinatos de mujeres. El último mes del que se tiene información es junio. Si bien el total de asesinatos de mujeres (309) se mantiene más cercano a las cifras de mayo, incrementaron los asesinatos que las fiscalías clasifican como feminicidio: de ser 73, es decir, el 24% del total de asesinatos, pasaron a 99, el 32% del total.
Entre las acciones que desde la sociedad civil se llevan a cabo para atender este problema se encuentran la generación de información clave para detectar violencias que preceden el feminicidio; la colaboración con otras organizaciones y con autoridades a fin de poner a disposición de las mujeres información clara y concisa para que puedan pedir ayuda en caso de necesitarla, y la capacitación a otras organizaciones de la sociedad civil para el monitoreo de la respuesta de las autoridades ante la violencia de género. Asimismo, se ha recomendado al Estado la desmilitarización de la seguridad pública, el efectivo control de armas de fuego, que el Poder Judicial tome todas las medidas pertinentes para garantizar el acceso a la justicia en los casos de violencia contra las mujeres, y que las Comisiones de Atención a Víctimas continúen con la atención esencial a las víctimas.
Por otra parte, en México, las niñas y adolescentes enfrentan múltiples desigualdades respecto a su derecho a la salud, a una vida libre de violencia, a la alimentación, a la educación, entre otros, y como consecuencia de estas desigualdades presentan una alta incidencia en afectaciones a su salud. En la atención a la pandemia por COVID-19 están invisibilizadas, en gran medida porque epidemiológicamente el virus les ha afectado menos, tanto por la edad como por el sexo; sin embargo, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, hasta el 12 de julio había 7 mil 257 niños, niñas y adolescentes contagiados por el virus, y se reportaron 121 defunciones, de las cuales 59 eran mujeres.
Entre las acciones que desde la sociedad civil se llevan a cabo para atender las problemáticas que enfrentan niñas y adolescentes se encuentran los webinarios, las conferencias de prensa y la sistematización de información por parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Asimismo, se han emitido, entre otras, las siguientes recomendaciones al Estado: ampliar la capacidad para el diagnóstico y atención médica temprana de COVID-19; fortalecer la exoneración de los costos de los exámenes educativos para motivar la reinscripción y permanencia de las estudiantes; ampliar las campañas masivas de comunicación sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incluyan medidas de educación sexual integral; brindar apoyo vía telefónica para prevenir la vulneración de derechos, situaciones de abuso y maltrato; y ampliar el acceso a servicios de atención y apoyo para niñas, niños y adolescentes que sufren violencia y maltratos al interior de la familia, trata de personas, abuso y explotación sexual, embarazos forzados y explotación laboral.
