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Los derechos humanos frente a las medidas de austeridad

junio 30, 2020

Resulta preocupante que la defensa de los derechos humanos ocupe el último lugar de los programas señalados como prioritarios para el gobierno, y que otros programas como la Guardia Nacional, la construcción de un aeropuerto, de una refinería, de carreteras y trenes, sean mencionados antes que los derechos humanos.

Desde la elección presidencial del 2 de julio de 2018 se tenía la sospecha de que, si Andrés Manuel López Obrador llegaba al poder, las instituciones del gobierno federal sufrirían recortes presupuestales importantes pues, desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la “austeridad republicana” ha sido un eje importante en su ejercicio del gobierno. Y así ha sido…

De tal forma que, a consecuencia de la pandemia y de los recursos económicos que se requieren para enfrentarla, por decreto publicado en el DOF el 23 de abril de 2020 el actual mandatario decidió recortar 75% del presupuesto destinado a todo el Poder del Ejecutivo Federal (organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos), dejando a las dependencias con el mínimo indispensable para realizar sus funciones. Ahora, las instituciones y dependencias del gobierno federal tendrán que operar a la mitad de su capacidad y realizar sus atribuciones con tan sólo la cuarta parte de su presupuesto, para lo cual deberán administrar sus recursos sin dejar de lado el respeto y la protección de los derechos humanos.

Al respecto, cabe mencionar que las medidas de austeridad no deberían aplicarse a las dependencias y entidades de la administración pública encargadas de la defensa de los derechos humanos, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 17, 20, 73 fracción XXIX-X y 89 fracción X de nuestra Carta Magna, que obligan al Estado mexicano y al titular del ejecutivo a respetar, proteger y promover los derechos humanos. Hasta el momento, entre las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal esta obligación fue respetada al exceptuar la defensa de los derechos humanos.

No obstante, resulta preocupante que la defensa de los derechos humanos ocupe el último lugar de los programas señalados como prioritarios para el gobierno, y que otros programas como la Guardia Nacional, la construcción de un aeropuerto, de una refinería, de carreteras y trenes, sean mencionados antes que los derechos humanos, cuando estos deben ser el eje transversal de todas las acciones y políticas públicas que lleve a cabo el gobierno. Un gobierno que se precie de ser humanista, justo, democrático y anti-neoliberal, no puede anteponer proyectos de índole económico al respeto y garantía de las libertades y derechos humanos.

Por otra parte, este gobierno tampoco puede ignorar las violaciones a derechos humanos que se cometieron en sexenios pasados y las circunstancias en que recibió el país: víctimas de una guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, personas torturadas, homicidios, agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, trata, feminicidios, muertes maternas, violencia obstétrica y negación de servicios de aborto a niñas y adolescentes. Pero, sobre todo, no puede traicionar la confianza de quienes votaron por un cambio y, mucho menos, darle la espalda a todas las víctimas que aún buscan y esperan justicia.

A pesar del cambio de gobierno, este tipo de violaciones se sigue cometiendo y se suma a los miles de casos existentes (muchos de ellos sin resolver), pues no basta una cartilla moral, un código de conducta, un decreto o una ley para alcanzar la paz, combatir la desigualdad y la discriminación y erradicar las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado. Es por ello que, en días pasados, surgió la preocupación de que las medidas de austeridad decretadas por el presidente pudieran afectar a entidades de derechos humanos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues un recorte de 75% de su presupuesto implicaría que la Comisión deje de proporcionar protección, ayuda, asistencia, atención, asesoría jurídica, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a más de 34 mil víctimas, funciones que realiza a través de los 32 Centros de Atención Integral que hay en el país.

Este recorte se traduciría en la paralización de servicios y acciones institucionales que son de gran trascendencia para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Como muestra baste un caso acompañado por GIRE: Fernanda, una joven de 18 años de edad, residente del estado de Oaxaca que, a consecuencia de una violación sexual, quedó embarazada. El servicio de aborto le fue negado, a pesar de que la interrupción del embarazo es un servicio médico de emergencia que deben prestar las instituciones de salud según la Ley General de Víctimas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el caso y señaló que esta negativa es una violación a sus derechos humanos que debe repararse integralmente.

A pesar de que las autoridades responsables de violaciones a derechos humanos eran del ámbito local, la CEAV atrajo el caso porque en Oaxaca no existe comisión de atención a víctimas. La CEAV suplió las omisiones locales que obstaculizaban el acceso a la reparación integral; emitió un dictamen a favor de Fernanda, a raíz del cual ella recibió una disculpa por parte de autoridades del estado de Oaxaca, y se estableció un parámetro para dar seguimiento a las demás medidas de reparación.

Con base en el contexto de desigualdad que México enfrenta, así como las consecuencias derivadas de la actual pandemia, las carencias en el sistema de salud, la crisis económica, el desempleo y los altos índices de delincuencia y de violencia, hoy más que nunca las dependencias de protección y defensa de derechos humanos y el sistema de atención integral a víctimas —que no es un programa de asistencia social— requieren de infraestructura, personal calificado, recursos suficientes, apoyo, esfuerzo y compromiso del gobierno federal para fortalecerse y poder garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia y a la verdad, así como para reparar de manera integral las violaciones a derechos humanos que han enfrentado tantas personas.

* Ofelia Bastida (@OfeBastida) es abogada responsable de reparaciones integrales en @GIRE_mx.

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