Por el Observatorio de Políticas Públicas para Combatir la Violencia contra las Mujeres*
El 9 de mayo pasado, el Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE) aprobó la creación del Programa de Mediano Plazo “CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, cuya finalidad es garantizar el derecho de las mujeres a una movilidad segura y a vivir una ciudad libre de violencia. Sin embargo y como en otras ocasiones, se anunció también que el Programa no cuenta con recursos específicamente asignados para su implementación; pues en teoría, se operará de forma transversal con los recursos y actividades que ya operan las instancias capitalinas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el transporte y los espacios públicos.
La decisión fue tomada días después del asesinato de la estudiante Lesvy Osorio Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado en Ciudad Universitaria, el pasado 3 de mayo, con signos de violencia en todo el cuerpo, además del estrangulamiento del que fue víctima. Y también días después de las desafortunadas –por decir lo menos- publicaciones de la PGJ-CDMX en su cuenta de Twitter, con aseveraciones falsas y fuera de contexto sobre la vida y el comportamiento de la víctima.
Como resultado de dichas publicaciones, que fueron desmentidas por familia y amistades de Lesvy, la encargada de comunicación social de la procuraduría presentó su renuncia. A lo que siguió el anuncio de un acuerdo firmado entre la UNAM y la Secretaría de Gobierno de la CDMX; en virtud del cual, se reforzará la vigilancia exterior de CU con patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, en los accesos de avenida Universidad, Cerro del Agua y metro Universidad; y se reordenará el comercio informal afuera de las estaciones del metro Copilco y Universidad.
Se anunció también que grupo de académicas expertas en género apoyará la investigación de la Procuraduría; aun cuando, de acuerdo con Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos, el personal de la PGJ es constantemente preparado en materia de género; según se informó en un comunicado. Si la aseveración es correcta, ¿cuál es la excusa de que se hayan publicado esos tuits? ¿cuál es la excusa ante la mala calidad de la atención que se presta a las mujeres víctimas de violencia?
La UNAM tampoco tiene excusa de haber reaccionado mal y tarde. En primer lugar porque, como suele suceder en estos casos, la respuesta se centra en las medidas de seguridad. En ningún caso se hace referencia a programas de prevención o acciones de largo plazo. El acuerdo con las autoridades de la CDMX va muy a tono con las acciones que el gobierno de la Ciudad generalmente emprende. Más presencia policíaca y más vigilancia, que no necesariamente significan mayor seguridad para las mujeres. Este enfoque, dada la naturaleza de la Universidad Nacional, deja mucho que desear por su incompleto y cortoplacista.
Si bien la Universidad ha emprendido algunas acciones como adherirse a la campaña He for She de ONU Mujeres –cuyo impacto real es francamente difícil de reconocer- y publicó su Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género; la prevención no ha sido una de sus prioridades. De hecho, desde 2015, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la propia UNAM, había identificado el “Paseo de las Ciencias” de Ciudad Universitaria -donde fue encontrado el cuerpo de Lesvy Berlín- como punto inseguro para el tránsito de las estudiantes; como parte de la “Investigación diagnóstica para la elaboración de un modelo de UNAM segura”, coordinada por Martha Patricia Castañeda.
Algunas de las preguntas que surgen en consecuencia son: ¿Se emprendieron acciones en respuesta a dicha investigación? ¿Se han tomado medidas contra los profesores acusados de hostigar a las alumnas? ¿Existen programas o políticas para prevenir la violencia contra alumnas, maestras y administrativas?
Sin embargo, la responsabilidad más evidente recae en el gobierno de la Ciudad. Para el que la primera pregunta es: ¿Realmente la CDMX es una ciudad segura y amigable para las mujeres y las niñas? Y la respuesta nos lleva más allá del slogan, a la falta de acciones debidamente planeadas, integrales y estratégicas que apunten a cambios de largo plazo. Y esto sucede justo después de que la Ciudad ha arrancado oficialmente su propia versión del programa global de ONU Mujeres, conocido como Ciudades Seguras; atendiendo a los compromisos adquiridos mediante un Memorándum de Entendimiento firmado desde 2013 y cuya implementación ha dado inicio apenas en este 2017.
Una vez más, la coyuntura evidencia lo profundo y amplio de la brecha entre el discurso y las acciones; pues aunque tenemos bastante claro que los cambios no son inmediatos, al menos las reacciones de las autoridades tendrían ya que ser distintas. Una vez más, son justamente las reacciones de las autoridades –de la CDMX y de la UNAM- las que nos llevan a insistir en la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas integrales que incorporen enfoques preventivos y aborden la violencia considerando las desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres; formulando medidas enfocadas a la erradicación de la violencia y no solo a atender casos; rebasando los enfoques centrados en el “castigo” y las respuestas de corto plazo.
Un problema estructural no se resuelve con acciones aisladas y simplistas que dejan intactas la desigualdad de fondo y las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en la que actualmente nos encontramos las mujeres. La buena voluntad no basta. Además de las medidas de seguridad -y en cierta medida también las punitivas-, es urgente implementar políticas públicas integrales, que incluyan el trabajo con mujeres, pero también con hombres, niñas, niños y adolescentes, reconociendo la diversidad de relaciones entre los géneros.
Mientras avanzamos en ese sentido, la capacitación de las y los servidores públicos no debe seguir simulándose ni posponiéndose. Tampoco debe impartirse como producto a granel, sumando cientos de horas entre miles de personas de todas las instituciones, que no volverán a escuchar los temas, ni serán evaluadas para conocer el impacto de la formación en su trabajo de campo, o incluso en su vida personal –esto cuando las capacitaciones funcionan realmente–.
La respuesta institucional ante las distintas violencias contra las mujeres debe rebasar el nivel del discurso y la improvisación. La permisividad ante el recrudecimiento de la violencia y la pasividad ante el alto número de casos sin resolver, nos han puesto en situación de emergencia. Ante la falta de congruencia, profesionalización, perspectiva de género y derechos en las políticas públicas; las organizaciones que integramos el Observatorio Ciudadano de la Estrategia 30/100, reiteramos nuestro llamado a las autoridades de la CDMX para que rindan cuentas; para que mantengan y fortalezcan el diálogo con todos los actores relevantes, incluyendo a la sociedad civil organizada, la academia y sobre todo a las mujeres; que cada vez con mayor frecuencia y en mayor número, defendemos en las calles nuestro derecho a vivir sin violencia.
*El Observatorio de Políticas Públicas para combatir la Violencia contra las Mujeres, nace como una evolución del Observatorio Ciudadano de Seguimiento a la Estrategia 30/100, cuyo cometido se cumplió al monitorear la implementación de dicha Estrategia. Sin embargo, sus cuatro integrantes (Ala Izquierda, Equis Justicia para las Mujeres, GIRE y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE) han decidido mantenerse como grupo de trabajo para monitorear el diseño y la implementación de otras políticas públicas cuyo objetivo sea el abordaje de la violencia contra las mujeres, con el fin de promover un debate crítico alrededor de dichas políticas para contribuir a su fortalecimiento a través del análisis, la generación de recomendaciones y el trabajo de incidencia.
