La pandemia por COVID-19 detuvo la tendencia a la baja de las muertes maternas, al registrar un incremento de 60.84 % en 2020 y 95.38 % en 2021, el peor año del que se tiene registro.
Que el Lineamiento Técnico necesitase urgentemente una actualización no es sino una clara señal de cómo se ha ido elevando el estándar nacional en materia de derechos reproductivos de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar.
Crear las condiciones para transitar hacia una sociedad de cuidados es una apuesta radical que supone reestructurar la manera en la que concebimos el trabajo, la familia, los espacios públicos y privados, y la vida en general.
El camino de la movilización social para incidir, litigar y acompañar a miles de personas que quieren ver materializados los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en México ya está trazado, y muchas de las claves para andarlo se encuentran en las sentencias que hasta el día de hoy ha emitido la SCJN.
El acompañamiento que brindamos incluye también el seguimiento para el acceso a una reparación integral, considerando que constituye el último componente del derecho de toda persona a acceder a la justicia
Un Juez de Distrito determinó que ninguna mujer, persona gestante, niña, adolescente o personal de salud que haya recibido asesoría por parte de GIRE, CAFIS u ODESYR podrá ser criminalizada por aborto en el estado de Puebla.
A un año de la despenalización del aborto en Baja California es imprescindible que el Estado garantice el acceso y las condiciones para que el aborto sea asequible para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, y que se generen campañas de información con perspectiva de género y sin estigma para que la población sepa que el aborto está despenalizado.
La Opinión Consultiva de la CoIDH sobre personas privadas de la libertad es una oportunidad perdida para el movimiento por la justicia reproductiva de las personas con capacidad de gestar. Pero no desistiremos.
Las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para acceder a los servicios de salud reproductiva y es frecuente que sufran violencia obstétrica: en muchas ocasiones son forzadas a interrumpir sus embarazos, obligadas a utilizar algún método de anticoncepción temporal o permanente y sometidas a procedimientos de esterilización no consentida.